(CNN Español) - Lázaro Báez, quien fuera el principal contratista del gobierno kirchnerista en Argentina, continuará preso, al igual que su contador Daniel Pérez Gadín.

Esa fue la decisión unánime de la Cámara Federal, que rechazó su pedido de excarcelación, advirtiendo que los delitos que se investigan habrían sido cometidos al "amparo de las estructuras de poder en torno al estado".

Baez y Pérez Gadín están acusados de lavado de dinero.

Los jueces determinaron que ambos deben seguir presos porque hay riesgo de fuga, pueden entorpecer la investigación y ademas hay mucho dinero en juego que no ha sido recuperado por el Estado.

Estas medidas fueron adoptadas luego de la declaración del joven extravagante Leonardo Fariña, que estuvo casado con una modelo, manejó millones de dólares y terminó preso.

La semana pasada, un fiscal de Argentina imputó a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero. La imputación se da en el marco de la investigación de presunto lavado de activos a través de la financiera SGI también conocida como ‘La Rosadita’.

El caso de ‘La Rosadita’ es una investigación que adelanta la justicia argentina en la que según diarios locales, se llevaban a cabo operaciones económicas ilícitas como lavado de dinero, cambio de cheques al día con comisiones del 2,5%, triangulaciones con paraísos fiscales de políticos y empresarios, bajo absoluta reserva.

A mediados de marzo el juez federal Sebastián Casanello llamó a prestar declaración a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez. La empresa de Baez, Austral Construcciones, está ligada con contratos de construcción de obras públicas durante el gobierno kirchnerista.

Según consta en un escrito judicial, luego de que el juez Casanello viera un video donde un grupo de personas cuenta grandes cantidades de efectivo y tomara declaración a una periodista, decidió llamar a Martín Baez y a otras tres personas que aparecen allí: Daniel y Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.

Este caso sigue una investigación por supuestos delitos, relacionados con el lavado y desvío de fondos de obras públicas. Esta pesquisa implica a empresas relacionadas con Austral Construcciones, de Lázaro Báez.

La investigación data de 2013 y fue iniciada luego de que el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata presentara estas denuncias sobre lavado de capitales.