A pocas semanas de las elecciones generales en el país, determinados movimientos civiles críticos con la política energética del actual Gobierno están cobrando un desmerecido protagonismo informativo, a tenor tanto de su escasa capacidad de movilización en las calles como de su dudosa representatividad social de la que hacen gala.
A pesar de ello, el debate sobre el futuro energético de nuestro país está ahí y se ha convertido para algunos políticos, personajes civiles y determinadas entidades en una cuestión de Estado, en arma arrojadiza que utilizan sin el más mínimo pudor con el fin de desacreditar y desgastar al Ejecutivo e intentar provocar, sin éxito de momento, una reacción ciudadana.
Más allá de discursos demagógicos e inapropiados para el momento y de acusaciones de todo tipo sin pruebas solventes que las sustenten, para analizar la situación presente y futura del mercado eléctrico en República Dominicana se necesita entender con criterio la urgencia del cambio de la actual matriz de generación energética.
Un cambio que el Gobierno está atendiendo con una política de diversificación de la matriz y con un Plan Eléctrico que pretende convertir el modelo energético en confiable, sostenible y competitivo.
La urgencia para reducir la dependencia del país en combustibles derivados del petróleo es patente, se pasará del 52,9% al 27% en 2017.
Nuestro territorio requiere y necesita ampliar su matriz, diversificar las fuentes de energía con la mirada puesta en el progresivo crecimiento demográfico de la población y la consecuente demanda que ésta exigirá.
La próxima puesta en marcha de la central termoeléctrica de Punta Catalina es una de las soluciones estratégicas del Gobierno de Danilo Medina y está llamada a ser el motor energético de República Dominicana.
Junto a ella se encuentran los proyectos de energías renovables que están en marcha (eólica, solar y biomasa) y que aportarán en 18 meses el 34% de toda la energía que se genera en el país.
La diversificación de la matriz, por tanto, pasa por apoyar el proyecto de Punta Catalina, cuya construcción, a tenor de la documentación pública, contará con las máximas garantías técnicas, ambientales, de eficiencia y de seguridad.
Lo contrario a esto es volver a épocas oscuras y retraernos a una sociedad anclada en el pasado y sin futuro.
La lógica aplastante de este argumento y el propio sentido común han suscitado el apoyo unánime tanto de los ciudadanos y munícipes afectados por la construcción de la planta como de los responsables políticos del entorno de Baní. Los beneficios económicos que la central generará son cuantiosos; desde la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos hasta el aporte de riqueza a la zona.
A ello habrá que añadir la reducción del déficit de generación eléctrica, estimado en unos US$ 900 millones anuales, junto con unos ahorros en la tarifa de más de US$ 441 millones cada año.
Tantos los proyectos en marcha como los que son ya una realidad vendrán a suplir el déficit histórico en materia energética y pondrán las bases del que tiene que ser el futuro mapa de fuerza eléctrica en República Dominicana. Generaciones futuras nos lo agradecerán.
