El exiguo presupuesto de la Justicia dominicana podría ser consumido por las audiencias que se vienen realizando en los tribunales del país, por las constantes denuncias y  demandas que formulan ciudadanos e instituciones que frecuentemente entienden que sus derechos les son violados por particulares.

En los últimos años, las demandas por difamación, actos de corrupción y problemas personales y políticos, se han incrementado considerablemente en los tribunales de la Republica, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza tanto para la administración de justicia como para la sociedad en sentido general.

Es lamentable que por cualquier quítame esta paja personas o entidades de la sociedad civil, sin medir consecuencias, acudan cada vez que se les ocurra a los tribunales del país a someter recursos de inconstitucionalidad, difamación o por actos de corrupción, que en la mayoría de ocasiones son desestimados.

Uno de los casos más recientes tuvo que ver con los propios administradores de Justicia, ya que un grupo de Jueces decidió someter por ante el Tribunal Contencioso y Administrativo, un recurso de amparo contra el presupuesto del 2014, por alegada inconstitucionalidad por violación a la ley del Poder Judicial.

Es alto sabido, que en nuestro país, existen leyes que comprometen los recursos del presupuesto nacional, pero hasta el momento no habíamos tenido la experiencia de que ninguna institución o poder del Estado demandara al Ejecutivo por la violación a esas legislaciones, razón por la cual nos atrevemos a decir que estamos ante otro precedente que se establece en el Sistema de Justicia dominicano.

De hecho, hay quienes han planteado la revisión de todas esas leyes que contemplan asignaciones porcentuales a Poderes e instituciones del Estado, que de aplicarse efectivamente podrían consumir el 80 por ciento del presupuesto nacional, lo que ataría de pies y manos al Poder Ejecutivo, porque no le quedaría recursos para inversiones públicas ni cumplir los compromisos  de pago de la deuda pública y el subsidio a la electricidad.

Imagínese usted qué le sucederá al país si se cumplieran los reclamos que deberían hacer todas las instituciones que le exigen al gobierno central el pago de los porcentajes que les son asignados en el presupuesto nacional? , se crearía un caos en la administración pública y el Poder Ejecutivo tendría que hacer lo mismo que ha ocurrido en Puerto Rico y Estados Unidos, que en un momento determinado las autoridades decidieron enviar los empleados del gobierno a sus casas por la carencia de recursos.

Además, todos sabemos que muchas de esas leyes, por ejemplo la que le asigna el 10 por ciento del presupuesto nacional a los Ayuntamientos del país, es una gran fuente de corrupción que el gobierno no puede ni está en condiciones de cumplir, porque los recursos que esas instituciones reciben del Estado y los arbitrios que les cobran a sus munícipes, son mal utilizados por sus ejecutivos, según ha certificado la propia Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana.

De manera, que lo que se impone es que en el Estado se produzca una revisión lo mas urgentemente posible de estas leyes y de que el Congreso Nacional, luego que evalué las necesidades e importancias de cada una de las instituciones favorecidas con las mismas, se disponga a conocer nuevas legislaciones que le permitan al gobierno cumplir con los porcentajes asignados en el presupuesto del 2015.

Lo mismo debe hacer el Poder Judicial, evaluar todo este vendaval de denuncias, acusaciones y demandas sin fundamentos que han inundado los tribunales de la Republica para que se pueda ahorrar tiempo y recursos que le permitan a ese Poder del Estado dedicarse a las cosas y casos que sean productivos y de alto interés para el país.

Hay que de algún modo ponerle fin al terrorismo judicial que amenaza con terminar con el poco de estabilidad y tranquilidad que se respira en la sociedad dominicana, desestimando todas esas denuncias, demandas y acusaciones que lo que buscan es mantener en la palestra pública a muchos de los que las promueven tanto en la justicia como en los medios de comunicación social.