El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) saludó, desde Viena, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que suprime varios artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento e instó al Congreso a aprobar una reforma que despenalice por completo los delitos de palabra en República Dominicana.

Scott Griffen, director del programa de Libertad de Prensa de la organización, publicó un reporte en inglés luego de recibir un informe del abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, en que se consigna que la decisión del TC produce una despenalización parcial de la difamación y la injuria cuando afecta a funcionarios públicos.

El IPI es una organización internacional que trabaja en 125 países del mundo promoviendo una cultura de respeto a las libertades de expresión y de prensa y que ha colaborado con un proyecto de ley de despenalización de la difamación e injuria en el país.

“Damos la bienvenida a la decisión del Tribunal Constitucional en la medida en que reconoce que las sanciones penales violan las normas internacionales y están en clara contradicción con la función de vigilancia y crítica de los medios de comunicación”, dijo Griffen.

La entidad internacional visitó la República Dominicana en el 2013 en una misión especial para entrevistarse con políticos, gremios periodísticos y juristas, a fin de proponer al Congreso una nueva ley de prensa que despenalice los delitos contra el honor.

“El Congreso de la República Dominicana debe tomar ahora el espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional e ir más allá y derogar las sanciones penales por difamación; esto es esencial para garantizar un entorno de medios más libres en ese país”, consigna el IPI.

La organización reconoció la labor realizada por la Fundación Prensa y Derecho y los directores de medios al interponer la acción de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

“En respuesta a otra parte de la demanda, el Tribunal también rechazó el llamado sistema de responsabilidad penal en cascada por difamación e injuria a través de la prensa”, consigna en su informe Griffen, responsable de Libertad de Expresión del IPI.