Una vez mas los dominicanos y dominicanas debemos dar un paso adelante, como en muchos periodos de nuestra historia política, para denunciar al mundo el manejo elitista y excluyente del poder judicial y político en nuestro país, por parte de un reducido núcleo de dominicanos, enquistados en el poder y de espalda a los intereses de la nación.

Esta vez, tratando en forma mediática de volver al pasado y sacar de las corrompidas alforjas del xenofobismo, consignas patrioteras que solo procuran confundir la población, buscando esconder su velada defensa, que por decenas de años han utilizado para aupar el enriquecimiento de los que han vivido de la expoliación de los inmigrantes de la vecina nación haitiana.

La sorpresiva sentencia del Tribunal Constitucional, arrancándole la nacionalidad a miles de dominicanas, por la sola condición de tener como ancestros a los negros y mulatos de la vecina Haití, llama a una profunda reflexión política, al comprobar que los argumentos jurídicos esgrimidos, no resisten la más leve conceptualizacion del derecho ni los preceptos constitucionales normativos del estado dominicano.

Extranjeros “en transito” es un adefesio jurídico, consagrado en nuestra nueva Constitución, que pretende en su indefinición, cambiar el concepto consagrado universalmente, del viajero que arriba a un país y continua en vuelo aéreo o marítimo hacia otro destino. Lo que no se corresponde con la inmigración haitiana, que vienen sin documentación, se integran al trabajo y con su descendencia asumen la cultura nacional, lo que constitucionalmente los convierte en dominicanos.

No satisfecho el TC con el adefesio del Transito, apelan a la retroactividad de las leyes de migración, planteando que todos los nacidos a partir de año 1929, no le corresponde la nacionalidad dominicana, un caso insólito en jurisprudencia, que nos colocan en el hazmerreír de la comunidad internacional, haciéndonos permeable a sus criticas y a las sanciones de los tribunales internacionales por violadores de los derecho humanos.

Analizando las argumentaciones en que se fundamenta la Sentencia del TC, y los objetivos políticos que la guían, nos llevan a pensar que hay sectores políticos–económicos, que conspiran contra la limitada estabilidad existente en el país, en su locura por despojar a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de sus derechos políticos, y darle continuidad al desorden migratorio, que solo benefician a los poderosos nacionales y extranjeros que nutren sus riquezas con la fuerza de trabajo indocumentada.

Ante esta conducta del poder judicial, apadrinada por el poder político que nos gobierna y que puede conducir al país a su aislamiento y trastrocamiento de sus relaciones políticas y comerciales, se hace imperativo que las fuerzas partidarias y sociales, en particular el PRD, asuma su verdadero rol en defensa del interés de la nación y rompa su secuestramiento ,llamando a su militancia y al pueblo en general a unirse en una gran jornada de lucha que le salga al paso a esta embriagante locura de poder del partido gobernante y el sector económico que lo sustenta.