El Gobierno pidió el martes a los países que integran la Organización de Estados Americanos acompañar a República Dominicana en el proceso de dar una solución a la situación de las personas que viven en el país de forma irregular, en consonancia de  lo dispuesto en la sentencia 168/2013 del Tribunal Constitucional, que establece que a los hijos de inmigrantes ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, hizo el pedido durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en su sede en Washington, acompañado del presidente de la Junta Central Electoral  (JCE), Roberto Rosario, y la viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandra Liriano.

Pina Toribio  indicó que el Gobierno dominicano “ha decidido hacer de la sentencia del TC la oportunidad perfecta para solucionar el problema de migración irregular”. Mediante un documento leído en la sesión, el funcionario destacó las relaciones armoniosas entre Haití y República Dominicana. “A los inmigrantes haitianos como los de cualquier otro país se les respetan sus derechos humanos y se les permite el libre acceso a la educación  y a la salud, como a los nacionales dominicanos”. 

El tema fue conocido a solicitud de San Vicente y Granadina, país que consideró que el fallo del Tribunal Constitucional anula la ciudadanía a hijos de inmigrantes y que se aplica de forma retroactiva.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo ratificó que República Dominicana está haciendo un esfuerzo para que la solución a esa decisión se haga cumpliendo con el respeto a los derechos individuales de las personas y con la colaboración y el intercambio de los países. 

DERECHOS HUMANOS

De su parte, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, advirtió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que su objetivo no es imponerle un modelo a la República Dominicana, sino garantizar que se respeten los derechos humanos.

Opinó que si la OEA no encamina de forma apropiada el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana se le puede hacer un daño al país, lo cual entiende no es la idea de ese organismo. 

Alertó a la OEA para que no se deje llevar de presiones e intereses de grupos particulares que cuestionan el fallo del TC.

La pasada semana, un bloque de 15 naciones caribeñas criticó el fallo de una corte de la República Dominicana que despoja de la ciudadanía a hijos de trabajadores migrantes.

El Secretariado de la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana, indicó que la resolución “deja sin nacionalidad a decenas de miles de personas, en violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

INSULZA COINCIDE CON RD

El secretario general de la OEA coincidió en parte con el planteamiento dominicano de buscar de forma mancomunada una solución a problemas derivados de la sentencia con el interés de preservar los derechos humanos. José Miguel Insulza declaró que este es un asunto que deberá resolverse con la buena voluntad de todos “y de manera concordada con el Estado dominicano, porque no hay otra forma de hacerlo”. 

Aseguró también que los diferentes mecanismos de la OEA seguirán trabajando en este asunto porque “no se resolverá con una resolución” sino que será necesario “buscar una solución con el máximo acuerdo, la máxima apertura y la máxima buena voluntad”.  Insulza reconoció que este es un asunto complejo en el que hay que evitar rupturas, por tratarse de una “disyuntiva” entre una sentencia del Tribunal Constitucional, máxima autoridad nacional en este ámbito y, por otro lado, de un problema de derechos humanos. 

ESTADOS SOBERANOS

La experta en Derecho Internacional, Cristina Aguiar, aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) concerniente a la nacionalidad de los hijos de indocumentados nacidos en el país no ha violentado los principios adquiridos y positivados de derecho internacional público general, porque los Estados son soberanos de determinar quiénes son sus nacionales.  Al ser entrevistada en el programa Diario del 4 por CERTV, afirmó que con el fallo el Estado dominicano está ejerciendo su discrecionalidad conforme a la circunstancia en que se desenvuelve el tema migratorio y que en la Carta de la ONU en su artículo 2 establece que la base de las relaciones entre los Estados miembros de esa organización es la igualdad soberana.