El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y organizaciones aliadas Luis Abinader, afirmó este miércoles que el fracaso del modelo de gobierno del presidente Danilo Medina ha engendrado la metástasis ética, moral e institucional y los escándalos y falta de credibilidad en que ha caído la justicia dominicana.

En una rueda de prensa, ofrecida con motivo de celebrarse este jueves el Día del Poder Judicial, Abinader consideró que la crisis del sistema judicial no solo agudiza el estado de inseguridad que afecta a la familia dominicana, sino también el clima de seguridad jurídica indispensable para fomentar la inversión y acelerar el desarrollo económico y social.

Expuso que la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias se enseñorean hoy como poderosas instituciones, mientras la permisividad frente al delito no es extraña a quienes tienen la responsabilidad  de cumplir y hacer cumplir la normativa que paute la convivencia civilizada de los ciudadanos.

 A su juicio, el presidente Medina ha tenido una gran responsabilidad en el descalabro de la Justicia y la institucionalidad, "por la decisión de sustentar su repostulación presidencial en una reforma constitucional hecha en base a escandalosas negociaciones, tal como recientemente lo reconoció en un libro de recientemente publicación  uno de sus principales colaboradores, el licenciado Antonio Isa Conde".

“En realidad, así como el presidente Medina fracasó en sus políticas sociales y en fomentar un modelo económico que reduzca efectivamente la pobreza y promueva el desarrollo en todos los órdenes,  así también asistimos al descalabro de la Justicia como garante de derechos, orden y paz social”, puntualizó Abinader.

Planteó que la solución de la crisis judicial e institucional que padece el país sólo se resolverán con un cambio político, una renovación a fondo del modelo de gobierno para que sea incluyente, solidario y que encare con eficiencia los retos y desafíos que tiene por delante el pueblo dominicano.

Abinader citó que durante la crisis política de 1994, que dio lugar a una reforma constitucional, el Dr. José Francisco Peña Gómez introdujo como un elemento progresista la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta institución se dio inicio a la primera ola de reforma de la Justicia y a su modernización, inicialmente exitosa.

Deploró que en vez de cimentar el avance de la justicia en esa reforma, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana  han instrumentalizado un retroceso, "al eliminar los necesarios equilibrios en el sistema y mantener una mayoría mecánica al presidente de la República, conformando unas Altas Cortes con marcada parcialidad y compromiso con los intereses del partido de gobierno, factor de influencia fundamental en la crisis actual".

"Existen múltiples ejemplos de esta situación con los escándalos que se sucedieron en el transcurso del pasado año, donde vimos a la Justicia renunciar a su independencia e inclinarse a favor de connotados  dirigentes del PLD".

Agregó que de ahí la pérdida de confianza de la sociedad en el sistema judicial, dado que la impunidad, la comprobada corrupción interna y la falta de independencia eliminan cualquier garantía de seguridad jurídica y con ello atentan contra la institucionalidad democrática del Estado y a su vez contra la existencia de la sociedad misma.

Se compromete a retomar reformas

"Ante este escenario desolador nuestro compromiso es lograr que renazca la esperanza de que en esta sociedad es posible tener una justicia que tutele por igual los derechos de todos los ciudadanos y que cree un régimen de consecuencias que garantice la correcta administración pública.

Para ello es necesario retomar el proceso de reforma que devuelva al Consejo Nacional de la Magistratura su composición originaria, de forma tal que se garantice la elección de los jueces en razón del interés colectivo, y no de quien gobierne.

Es necesario adecentar y hacer menos costoso el acceso a los servicios judiciales, así como profundizar el sistema de carrera judicial e incrementar el presupuesto, en una reforma integral de las instituciones que inciden en el sector justicia.