Comisiones de ética pública temen denunciar actos de corrupción en el Gobierno

El Consejo de Acceso a la Información por la transparencia denunció este martes que miembros de comisiones de éticas tienen informaciones de corrupción y no denuncian por el temor de ser cancelados y por la impunidad prevaleciente en el país en los últimos 50 años. 

La información está contenida en un documento de prensa enviado al periódico Apunte.com.do por José Miguel Fernández, presidente del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia.   

El CODAIT dice que el país necesita ejemplos como el del profesor Juan Bosch cuando en el gobierno de 1963 ordenó investigar las denuncias de corrupción contra su amigo y jefe de la seguridad personal del primer mandatario, sometiéndolo a la justicia; recordaron las frases de Don Juan “La ley no tiene amigo ni enemigo, la ley protege a todos y castiga a quienes la violan, éste gobierno (1963) no encubrirá ni tolerará un acto de corrupción”.

Indicó que para las comisiones de ética pública realizar su trabajo y prevenir o denunciar los actos de corrupción sus miembros deben ser protegidos y dotados de alguna inamovilidad, de modo que altos funcionarios no tengan medios para presionar y coartar el ejercicio y el cumplimiento del rol de los miembros de las referidas comisiones.  

Agrega que si estos organismos continúan a merced de la máxima autoridad de cada institución, su accionar seguirá siendo pasivo y complaciente.

La entidad saludó la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina al designar una comisión de veeduría ciudadana  para monitorear los procesos de compras y contrataciones de obras, bienes y servicios del Estado en el Ministerio de Salud Publica, sin embargo entiende que la veeduría ciudadana debe extenderse a todas las entidades públicas o privadas que manejen recursos del Estado. Estas comisiones pueden jugar un rol estelar para prevenir y documentar cualquier acto de corrupción o violación a los procedimientos
La organización consideró que la descomposición social y la pérdida de valores que afecta a la sociedad, nos compele a todos a concentrar esfuerzos para moralizar la administración pública y privada, a fin de superar el irrespeto a las leyes y la grave fragilidad institucional, de manera que en una o dos décadas logremos organizar el país, reducir la burocracia, los privilegios y el tráfico de influencias que en gran medida contribuyen a fomentar actos de corrupción.

Deploraron que, producto de avaricia, corrupción, impunidad y clientelismo político, en las últimas cinco décadas la Republica Dominicana no haya solucionado uno de sus problemas estructurales, como la energía eléctrica, salud, transporte y educación, por vía de consecuencia se agudiza la pobreza. 

Reconocieron que las actuales autoridades están dando señales para comenzar a fortalecer el sistema educativo, un sistema que debe priorizar invertir en la capacitación, actualización y elevar la calidad de vida de los profesores, incluyendo suficiente remuneración, así como ampliar y mejorar las infraestructuras escolares, dotándola de equipos tecnológicos, facilitándole materiales didácticos y transporte a los estudiantes, de igual manera establecer que en cada aula haya un máximo de 25 estudiantes y que el currículo sea adecuado a las competencias que demandan los estándares internacionales y el mercado laboral dominicano.