En un concurrido, emotivo y delineante encuentro celebrado este domingo, varios juristas, un  sindicalista, un empresario y un diputado abogaron por el respeto a la “Sentencia” emitida por el Tribunal Constitucional con el número 168-13.

Al mismo tiempo, pidieron a las autoridades oficiales de nuestro país darle respaldo, enfrentar a sectores nacionales e internacionales que pretenden desconocerla y evitar una crisis civil en la isla Española.

En el acto a salón lleno celebrado en el hotel Santo Domingo hablaron entre otros Trajano Vidal y Julio Martínez Pozo, moderadores, así como los abogados Cristina Aguiar, Juan Manuel Rosario, José Manuel Vásquez, Juan Manuel Castillo Pantaleón, Joaquín Ricardo y Pelegrín Castillo.

Por igual tuvieron defensa para la “Sentencia” que delimita quiénes son  y pueden ser ciudadanos dominicanos el sindicalista Rafael- Pepe- Abreu y el empresario Felipe Auffant, dos de los más aplaudidos por los presentes.

En el salón del hotel capitalino se observaron a unos cuatro o cinco ciudadanos hijos de nacionales haitianos que aplaudieron a raudales a los expositores.

Los expositores explicaron cada uno en unos diez minutos de intervención que la “Sentencia” 168-13 es legal, legítima, oportuna y necesaria para aclarar el estatus de las personas extranjeras con calidad y derecho para hacer valer, solicitar u obtener la nacionalidad dominicana.

Y prácticamente todos acentuaron que es una decisión soberana de la República Dominicana el consignar en su Constitución, en sus códigos, en sus leyes especializadas (como la de Migración y Electoral) y en sus disposiciones administrativas a quiénes y bajo cuáles premisas se les puede otorgar la ciudadanía.

Y  hasta aclararon que  el hecho de que otras naciones concedan ciudadanía a los que nacen en sus territorios, no obliga a que Dominicana deba hacerlo.

Hubo uno de los exponentes que analizó la mentirosa especie de que en nuestro territorio hay cientos de miles de ciudadanos haitianos con derecho a la ciudadanía y pidió pruebas a dichas personas y a los organismos internacionales que los defienden porque supuestamente se las quieren quitar y dejarlos en calidad de apátridas.

Otro pidió que se mantenga un clima de respeto a nuestras leyes por parte de representantes de organismos extranjeros, uno más que haya mesura de parte de gobernantes de islas cercanas cuando comenten la especie y otro llegó a insinuar que nuestros embajadores en Haití y en Trinidad-Tobago no se han comportado con la altura debida ante la problemática. 

Asimismo, el sindicalista Rafael -Pepe- Abreu informó que antes de cualquier propósito altruista de ayudar y emplear a ciudadanos haitianos, es necesario pensar en nuestros trabajadores y puso el ejemplo de una isla cercana donde primero reclutan personal nativo antes de hacerlo con extranjeros.

El empresario Felipe Auffant encendió los elevados ánimos de los presentes al seminario por el respeto a la “Sentencia” 168-13 al decir que nadie puede atentar contra la soberanía dominicana, que se debe pagar mejor salario a nuestros obreros y empleados y que solo en un régimen sin odios  y sin violencia crece la prosperidad y la democracia.

Juan Manuel Castillo Pantaleón reiteró su respaldo a la decisión tomada el mes pasado por el Tribunal Constitucional, explicó en detalle sus alcances e invitó para el lunes a la entrega de un documento en la Junta Central Electoral, a fin de que se documente cuántos realmente son los nacionales del vecino país que aspiran a la ciudadanía dominicana.

El jurista Juan Manuel Rosario, quien escribió varios artículos explicativos del fondo de la citada sentencia, fue otro de los expositores más aplaudidos al igual que la señora Cristina Aguiar.

El diputado Pelegrín Castillo, apasionado y documentado representante de la nacionalidad dominicana, dijo que no hay marcha atrás en su decisión de defender la nacionalidad dominicana y la soberanía del país aquí y en cualquier otro escenario mundial.

Consuelo Despradel, comentarista radial y televisiva, y Zoila Martínez, actual Defensora del Pueblo, fueron aplaudidas con entusiasmo durante más de dos minutos por enfrentar la semana pasada a algunas mujeres extranjeras y locales que durante un evento internacional impidieron por minutos la intervención del presidente Danilo Medina.

El jurista, político y ex canciller Joaquín Ricardo dio a conocer detalles de cómo para entrar a Lomé, en 1989, el país debió hacerlo junto a Haití, pese a que en este último país no se respetaban como aquí los derechos humanos, condición indispensable para estar en dicho organismo ACP.

El encuentro sirvió para enardecer las fibras nacionalistas de muchos dominicanos, ante el acoso de algunos periodistas, comentaristas y medios locales que pretenden que el Estado dominicano otorgue la ciudadanía a hijos de  ciudadanos residentes ilegales o en tránsito en nuestro país, sin que se cumpla con los requisitos legales y obligatorios.

Se citaron los casos de algunos países como España, Francia, Alemania y otros donde por el hecho de alguien nacer, no obtiene de inmediato la ciudadanía.

De igual modo, que aquí ha existido un “mercado” de venta y compras de cédulas, de actas de nacimiento falsificadas y de otros delitos conexos que de ningún modo pueden obligar a las autoridades de Migración, Electoral y del país a reconocerlas como válidas para otorgar ciudadanías a extranjeros.

Los presentes firmaron un documento de apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, de respeto a la soberanía nacional y en todo momento estuvieron de pie para aplaudir a los citados profesionales.

Inclusive, después de la citada “Sentencia” (que por ser tal no requiere de respeto alguno a la retroactividad de las leyes) de aquí no se ha deportado a nadie y hasta se ha presentado con todo éxito en la televisión local a un inmigrante ilegal llamado Palito de coco”. Todo el mundo se ha gozado a Romey y nadie ha hablado de detenerlo y deportarlo, aunque él mismo dijo que está ilegal aquí desde hace dos años.

Y  esas personas y organismos internacionales no recuerdan ya, pese a que fue en enero del 2010, toda la ayuda que República Dominicana brindó a gobernantes y nacionales haitianos luego del desastroso terremoto que mató a más de 300 mil personas.
Aunque un censo informó recientemente que aquí residen unos 400 mil haitianos, lo cierto es que pasan del millón, hasta tal punto que hay pueblos y provincias dominicanas donde existen más haitianos que criollos, como lo denunciara este domingo uno de los conferencistas.

En el encuentro hubo un breve receso para que los asistentes disfrutaran de un café con panecillos, se abrazaran, se conocieran o reconocieran y multiplicaran sus deseos de ver una República Dominicana libre de toda injerencia extranjera.

Las autoridades haitianas no solo han cerrado sus fronteras para la venta de productos alimenticios dominicanos, sino que ahora construyen una barrera para impedirlo definitivamente, tal y como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica para bloquear a personas, alimentos y drogas desde México.