PANAMA (AP) — Un juez de garantías panameño declaró el viernes al expresidente Ricardo Martinelli "en rebeldía" por no asistir a una audiencia sobre el proceso en su contra por la presunta interceptación ilegal de las comunicaciones telefónicas de más de un centenar de personas durante su gobierno.

El juez Jerónimo Mejía dijo que el proceso se suspendía debido a la inasistencia del ex gobernante, quien se encuentra fuera del país desde fines de enero desde que la Corte Suprema de Justicia autorizó investigarlo por otro caso relacionado por presunta corrupción en la compra de comida deshidratada por 45 millones de dólares a través de un programa de asistencia nacional.

La declaración de rebeldía abrió el camino para que se gestione la captura de Martinelli y su repatriación, aunque Mejía aclaró que es el pleno de la Corte Suprema el que debe decidir sobre esa materia.

El fiscal del caso, Harry Díaz, dijo posteriormente a la suspensión de la audiencia que el viernes por la tarde solicitará la detención ante la Corte, aunque se desconoce cuánto tiempo tomaría el máximo tribunal para resolver el pedido.

"Se logró lo que buscábamos, declarar a este señor como un acusado en rebeldía", dijo el opositor político Mitchell Doens, una de las presuntas víctimas del espionaje masivo. "Él tiene que venir a dar la cara por los desmanes contra los derechos humanos y sus actos de corrupción".

Díaz había presentado hace semanas un escrito de acusación contra el expresidente y una solicitud a las autoridades para que lanzaran una alerta internacional para localizarlo.

De acuerdo con el fiscal, bajo las órdenes de Martinelli se realizaron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de al menos 150 personas entre opositores políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.

Agregó que se utilizaron recursos, personal y aparatos para intervenir desde el Consejo de Seguridad de la presidencia correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, así como ejecutar grabaciones de conversaciones confidenciales de teléfonos móviles y fijos.

La investigación cuenta con las revelaciones de un testigo protegido y declaraciones de ex colaboradores de Martinelli. Dos ex jefes del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, están detenidos desde inicios de año por el caso y enfrentarán un juicio a comienzos de 2016.

Los delitos de los que se acusa a Martinelli son contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública y diferentes formas de peculado que podrían acarrear hasta 21 años de cárcel, según el fiscal.

Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, ha dicho en su cuenta de Twitter que este es un caso fabricado y que forma parte de una persecución del gobierno del presidente Juan Carlos Varela en su contra.

"Hemos sido testigos de una aberración, otro insulto a la justicia", señaló Alma Cortés, copartidaria de Martinelli y miembro de la defensa del exmandatario.

Los abogados argumentan que el fiscal trastocó el proceso al momento de presentar un escrito de acusación sin antes hacerse la respectiva formulación de cargos. El juez Mejía dijo durante la audiencia que el caso estaba ya en su fase intermedia, lo que según los expertos coloca a Martinelli como acusado.

Como diputado centroamericano, los procesos contra Martinelli deben realizarse mediante un novedoso sistema penal acusatorio que exige la presencia del denunciado al momento en que se le formulen los cargos.

Martinelli gobernó Panamá entre 2009 y 2014, periodo en el cual el país centroamericano vivió un auge económico sin precedentes aunque acompañado de denuncias de supuestos sobrecostos y corrupción en contrataciones públicas.

Hasta el momento, la Corte ha admitido seis investigaciones contra Martinelli, entre ellas la relacionada con el presunto espionaje telefónico y la supuesta compra millonaria de alimentos con sobrecostos, un caso que está suspendido momentáneamente.