La sociedad dominicana está estremecida por el caso de la niña de trece años, desnutrida, abandonada por sus familiares y embarazada de trillizos por un hombre de 60 años con quien aparentemente convivía en concubinato. Las autoridades de salud la mantienen recluida en una Maternidad de Santo Domingo a fin de proporcionarle atenciones médicas constantes ante los graves riesgos de salud que supone un embarazo múltiple en una niña tan joven, cuyas condiciones de salud eran ya de por sí precarias.

 

Aunque el personal médico asegura que la anemia de la niña ha sido controlada y que su condición es “estable”, no niegan que se trata de un embarazo de muy alto riesgo. En casos como este, las normas obstétricas internacionales –junto al sentido humanitario más elemental- mandan a interrumpir el embarazo ante cualquier complicación que amenace la vida de la niña. De presentarse dicha situación, la experiencia de Esperancita nos hace temer lo peor, dada la vigencia en República Dominicana de normas legales inhumanas que colocan la sobrevivencia del feto por encima del bienestar y hasta la vida de la embarazada, y que apelando a supuestas normas éticas reducen a las embarazadas a la condición de simple incubadoras.

 

La experiencia de Esperancita y muchas otras adolescentes pone de manifiesto que el Estado Dominicano está faltando a sus compromisos en materia de derechos humanos al someter a niñas abusadas a riesgos desproporcionados de salud, además de vulnerar múltiples artículos de la Ley 136-03, empezando por el Art. 28 que garantiza a niñas, niños y adolescentes el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Otros artículos de esta ley que están siendo impunemente violados son los 12, 13 y 14 (Derecho a la integridad personal, a la restitución de derechos, y a que sea denunciado el abuso en su contra), así como el Art. 396 que condena con 2-5 años de prisión al adulto que tenga relaciones sexuales con una menor cuya edad supere por cinco años o más. Vale la pena recordar que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que obligar a una niña o mujer a llevar a término un embarazo fruto de abuso sexual –más aún cuando éste pone en riesgo su salud y su vida- constituye un acto cruel de tortura y una violación grave a su integridad física y psicológica.

 

Este caso es uno de tantos de menores de edad embarazadas por hombres adultos en evidente violación del Art. 396 y contra quienes el Ministerio Público ha prometido actuar, sin que hasta el momento se conozcan iniciativas judiciales en ese sentido, a pesar de la avalancha de casos denunciados por personal hospitalario en las últimas semanas. El Estado también incumple sus obligaciones frente a las menores embarazadas al no sancionar debidamente a las familias que incurren en abandono y/o complicidad con los agresores.

 

Otro aspecto del problema que demanda la intervención del Estado –y de la sociedad en su conjunto- es la ideología cultural que fomenta la objetificación sexual de niñas púberes y hasta pre-púberes, una ideología que, como hemos visto en los últimos años, afecta a amplios sectores de la sociedad dominicana, incluyendo legisladores, políticos, comunicadores, sacerdotes y muchos otros que se creen con derecho a “enamorarse” de niñas. La sociedad dominicana ve con justificada repulsa los abusos sexuales contra niños varones, pero tiende a ser bastante más tolerante cuando la víctima es una niña –sobre todo si ya es “señorita”-, a tal punto que a veces los mismos padres las inducen a establecer relaciones de concubinato con estos adultos.

 

Es hora de reconocer que las violaciones sexuales de niñas, los incestos y los concubinatos de hombres adultos con menores de edad son todas manifestaciones de un mismo fenómeno, cuyas raíces se encuentran en la objetificación sexual de las menores y, en sentido más general, de lo femenino. Urge reconocer que no se trata de una sucesión de hechos aislados, sino de un patrón sistémico de comportamiento que obliga a cuestionar las normas sociales de género y, en particular, la construcción de la sexualidad masculina en nuestro país.

 

Por eso al Estado le compete enfrentar el problema de las menores embarazadas a múltiples niveles:

 

·       Aplicando rigurosamente las leyes que castigan los abusos sexuales de menores, incluyendo el Art. 396 siempre que corresponda, y sancionado a los padres que incurran en abandono o complicidad;

·       Realizando campañas de prevención dirigidas a combatir el machismo cultural desenfrenado que caracteriza a la sociedad dominicana, cuyas manifestaciones más violentas –abuso sexual, violencia intrafamiliar, feminicidios- siguen aumentando ante la evidente incapacidad de las autoridades para enfrentarlas.

·       Despenalizando el aborto terapéutico y en casos de incesto o violación, y asegurando el acceso al procedimiento sin obstrucciones por parte del personal judicial o de salud.

·       Introduciendo de una vez por todas la educación sexual científica, laica y de calidad en el currículum escolar. El Pacto por la Educación ofrece a la clase política dominicana una nueva oportunidad de rechazar las posturas irracionales y los chantajes políticos del extremismo religioso, y de demostrar así su compromiso real con el bienestar de las nuevas generaciones. 

La Colectiva Mujer y Salud llama al Estado dominicano a asumir sus responsabilidades en la prevención, atención y sanción de los embarazos en menores de edad. En el caso de la niña embarazada de trillizos, estaremos velando porque se apliquen las medidas apropiadas a fin de garantizar su salud y sus derechos humanos. Basta ya de irresponsabilidad. No queremos más Esperancitas.