José Dirceu, el que fuera varias veces presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y uno de sus co-fundadores —una lista que incluye, entre otros, al expresidente Lula da Silva— es el personaje central del proceso por corrupción del mensalão. 

En noviembre de 2012, el que durante el primer Gobierno de Lula fue considerado una especie de primer ministro fue condenado por el Supremo a 10 años y 10 meses de cárcel. 

Dirceu ya no alberga esperanzas de poder disminuir su condena de prisión. Por ello habla de lo que piensa hacer allí dentro: por ejemplo, cocinar y lavar ropa para poder anticipar por lo menos algunos meses el tercer grado penitenciario. La justicia brasileña permite que el condenado cumpla solo un 6% de la pena en prisión. El resto de la pena puede trabajar de día en una colonia agrícola o industrial y dormir en la cárcel. Cumplir tareas comunes dentro del presidio le permitiría abandonar el régimen cerrado seis meses antes de lo que le correspondería. Dirceu ha confiado al diario O Estado de São Paulo que eso es lo que pretende hacer. 

De los 25 condenados a la cárcel por el caso mensalão, sin duda ninguno ha luchado tanto, sirviéndose de los mejores abogados y de todos los recursos a su disposición, para defender su inocencia. Dirceu, que pasó años exiliado en Cuba durante la dictadura militar y que después entró de forma anónima en Brasil tras cambiar de rostro, siempre se consideró un “preso político en democracia”.  

El proceso lo sentó en el banquillo de los reos como la mente que organizó el soborno de diputados y partidos políticos para conseguir una mayoría parlamentaria en el primer Gobierno de Lula. Él amenazó con recurrir al Tribunal Penal Internacional y aseguró que nunca huiría y que enfrentaría la condena con la convicción de ser un chivo expiatorio de los que siempre se opusieron al Partido de los Trabajadores. Y esperó siempre la ayuda que Lula podría darle para salvarlo de la cárcel y conseguir su absolución. 

Más aun cuando la mayoría de los magistrados que lo juzgaron fueron designados o por el expresidente o por la actual mandataria, Dilma Rousseff. Ya al inicio del proceso del Supremo, en una conversación telefónica con este diario, Dirceu mostró sin embargo pocas esperanzas de ser absuelto. Consideraba que había sido escogido para criminalizar al nuevo régimen de izquierdas de Lula da Silva, y que él sería la víctima sacrificada para salvar al carismático exsindicalista. 

Curiosamente había sido Dirceu, un político que todavía hoy mantiene un gran peso y prestigio dentro de su partido, el que consiguió llevar a Lula al Planalto (el palacio del Ejecutivo) después de haberlo intentado en vano tres veces. Se dijo entonces que Dirceu fue quien “había puesto la corbata” al exsindicalista de barba, temido por el mundo empresarial y por la derecha. Le puso la corbata, le recortó la barba, lo vistió sirviéndose de estilistas y le propuso escribir la famosa Carta al pueblo brasileño, en la que se comprometió a mantener la política neoliberal del Gobierno de su antecesor y a garantizar todas las libertades.

 Y Lula llegó al poder. Pero con el dólar a cinco reales y sin mayoría en el Parlamento para poder hacer las grandes reformas. Y fue una vez más Dirceu, ya ministro, quien consiguió aquella mayoría que el presidente necesitaba para gobernar. Según él, la consiguió convenciendo a los diputados al proyecto de Gobierno reformista, pero según el proceso del Supremo lo habría conseguido sobornando con dinero y ofertas laborales a diputados y líderes de los partidos, usando para ello millones de reales de dinero público y privado. 

Queda ahora una última posibilidad de que el Supremo disminuya la pena a la que el político fue condenado: sucederá si el jueves próximo acepta que los reos condenados por mayoría pero con cuatro votos a favor de su absolución, como es el caso de Dirceu y de otros diez condenados, tengan un nuevo proceso con un nuevo juez instructor y un nuevo revisor. Esa posibilidad, que existía en el antiguo reglamento del Supremo, desapareció en la nueva ley que reguló la jurisdicción del mismo, ya que se considera las sentencias definitivas y sin posibilidad de nuevos recursos. 


La disputa, sin embargo, sigue en pie y será dilucidada esta misma semana por la Corte Suprema. Las declaraciones de Dirceu a la prensa dan a entender mejor que cualquier otra pista que el Supremo se habría ya inclinado a finalizar el proceso y enviar a los 25 condenados a la cárcel. Tan desconfiado está Dirceu de tener que sufrir la pena íntegra que hasta ha mencionado dos de las cárceles que preferiría. Ha mostrado también preocupación por las posibilidades que tendrá en presidio de usar el ordenador y de “seguir haciendo política”. 

El que fue brazo derecho de Lula ha anunciado que, convocará una rueda de prensa en la que presentará documentos para probar que no desvió dinero público del Banco de Brasil [público], como afirma la acusación. Dirceu ha criticado también el que todas y cada una de las sesiones del Supremo fueran transmitidas en directo por televisión, lo que, junto con la presión pública y un proceso en una única instancia, podría ser visto como un “proceso de excepción” en el organismo internacional al que piensa recurrir. 

Ha anunciado también que enviará una carta abierta al decano del Supremo, Celso de Melo, que fue uno de los más duros acusadores de Dirceu y con el que, curiosamente, convivió en una pensión en su época universitaria. De Melo afirmó que, contrariamente a lo que el reo defiende, la Corte “no condenó la actividad política” ni de él ni de los demás políticos, banqueros y empresarios condenados, sino que lo hizo porque “no se mostraron capaces de ejercer la política con honradez, con integridad e interés público. 

Al revés, prefirieron transgredir las leyes penales con el objetivo de conseguir ventajas indebidas y de controlar de manera ilegítima y criminal el funcionamiento del aparato del Estado”. Ahora se espera la respuesta de Dirceu a su antiguo colega de Universidad y las razones por las que sigue considerándose inocente.