A más de tres meses haber ocurrido el hecho bochornoso en que un cura oriundo de Polonia, fue acusado de haber violado al menos 14 menores en el Distrito Municipal de Juncalito, en Santiago, el Ministerio Público se convierte en su cómplice al  no ofrecer una explicación a los afectados y al país de los pormenores de la investigación, si es que realmente las mimas se realizan.

Usando probablemente documentos falsos, el sacerdote  Wojciech Alberto Gil logró logró abandonar el país, para evitar ser sometido a la Justicia por este bochornoso caso, luego de haber sido acusado de cometer los hechos a finales del pasado mes de mayo.

Debido a que entre la República Dominicana y Polonia no existe un tratado de extradición, el Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, prometió usar cuantos recursos estuvieran a su disposición, a fin de solicitar la declaración de estado de rebeldía del imputado en los tribunales dominicanos, lo que facilitaría que Alberto Gil sea enviado al país, para que responda por los cargos que se les atribuyen, pero su actitud ha sido la de guardar silencio.

Se recuerda además, que tras el surgimiento del caso, la Fiscalía de Santiago dijo que se encontraba a la espera de una certificación por parte de la Dirección General de Migración sobre la salida y no retorno del sacerdote, pero de estos esfuerzos nada se sabe, extrañamente a varios meses de haberse producido la solicitud.

Un viejo refrán dice que quien calla otorga, por lo que el mantener silencio sobre este bochornoso caso, en nada ayuda a las autoridades, y por el contrario dejan un manto de misterio y un gran margen para la sospecha de los interesados..

Lo más conveniente sería que expliquen en qué va todo el proceso con Wojciech Alberto Gil, porque de lo contrario, los dominicanos deseosos de un cambio en el accionar de la Justicia, pensarían con su justa razón, que el mismo quedará en la impunidad como ha ocurrido con otros tantos casos, donde quienes infringen la ley no reciben el debido castigo, porque el Poder cuando no quiere sancionar al o los culpables de violar la Ley, guarda silencio para dejarlo en la impunidad.

Ojalá que este no sea uno de esos tantos casos que se dilucidan en la justicia dominicana, cuyos resultados son de todos conocidos.