Seattle. Seguir adelante con una demanda que exige representación jurídica para inmigrantes menores de edad que enfrentan deportación crearía un efecto “imán” en la frontera, advirtieron abogados del gobierno federal.
Un juez federal en Seattle escuchó los argumentos de los abogados involucrados en una demanda legal interpuesta en julio por una coalición de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que afirma que la mayoría de los menores en procesos de deportación carecen de abogados defensores, y que eso viola la Constitución.
Los grupos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Northwest Immigrant Rights Project, afirman que los niños tienen derecho al debido proceso de conformidad con la Quinta Enmienda.
El Gobierno se opone a la exigencia en la demanda, argumentando que eso alentaría a más menores a viajar a Estados Unidos sin atender los trámites migratorios debidos, entre otras preocupaciones.
“Crearía un efecto imán”, dijo el vicefiscal Leon Fresco, que añadió que sería improbable que el Congreso otorgue el dinero necesario para brindar representación jurídica. El juez federal Thomas S. Zilly no emitió ayer un fallo sobre la demanda presentada a nombre de ocho menores que entraron en el país sin autorización legal.
