Un gran impacto ha causado en diversos sectores de la vida nacional, el hecho de haber sido designado como Embajador de Los Estados Unidos de América en el paÃs el Director Nacional del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros del Comité Nacional Demócrata, James “Wally†Bester.
Aun estando pendiente de confirmación su designación por el Senado de los Estados Unidos y de haber estado respaldada su elección por la organización de derechos gays Campaña de Derechos Humanos y por diversos defensores partidarios militantes de esta preferencia sexual, eso no ha impedido que diversos activistas religiosos y sociales se hayan expresado en contra de esta designación por entender que ese nombramiento contraviene las esencias de nuestras buenas costumbres y las tradiciones religiosas de los dominicanos, representando un contravalor con el cual el pueblo no se identifica.
Los ataques más virulentos a dicha designación han sido hechos por el PrÃncipe de la Iglesia, su Excelencia ReverendÃsima Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López RodrÃguez quien ha expresado que de Estados Unidos “se puede esperar cualquier cosa†y que el Presidente Medina debe expresar si acepta o no esa designación.
En iguales o parecidos términos también se han expresado representantes de las llamadas iglesias evangélicas o protestantes.
Pero independiente de la controversia surgida entre los que se han expresado a favor y en contra y del morbo que el tema despierta, lo cierto es que nuestra legalidad construida y expresada en la Constitución polÃtica del Estado que fue promulgada el 26 de enero del 2010 por el ex presidente Leonel Fernández, admite el matrimonio entre personas de un mismo sexo señalando que este es uno de los Derechos Económicos y Sociales protegidos por el Estado.
Y es que dentro del derecho fundamental de constituir una familia, el artÃculo 55 de nuestra Carta Magna señala de manera textual que: “La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vÃnculos naturales o jurÃdicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio “o†por la voluntad responsable de conformarlaâ€. FIN DE LA CITA.
Siendo de esta manera, cuando el constituyente del año 2010, por descuido, inobservancia o por obedecer a otros intereses si fuere el caso, incluyó en el texto de la Ley Fundamental la disyuntiva “o†al establecer que la familia se constituye por la decisión libre de un hombre o una mujer de contraer matrimonio “o†por la voluntad responsable de conformarlaâ€, estableció en primer orden como forma de constituir la familia, la decisión del hombre y de la mujer y en segundo lugar, la voluntad responsable para conformarla; siendo esta última acepción de la voluntad responsable para conformarla, la que abre las puertas de la legalidad al matrimonio gay para conformarla, ya que esa voluntad responsable, no necesariamente implica la voluntad del hombre y la mujer ni discrimina en un sentido u otro, en cuyo caso la disyuntiva “o†que significa una cosa u otra diferente, no era necesaria.
Esta disyuntiva expresada en esa legalidad construida, plantea otras preguntas y dilemas a resolver por la sociedad ante la insuficiencia para conceptualizar que han mostrado nuestros legisladores, tanta veces ponderados como sabios, a lo mejor de manera merecida.
En verdad, es esa Constitución la que ha demandado la República Dominicana? Dependiendo de la respuesta que se le dé a esta pregunta, sabremos si el texto actual de ese Estatuto obedeció a una ponderada y sabia labor legislativa o a una manipulación al texto para incluir un nuevo y extraño elemento, lo que ha sucedido en otras oportunidades o si por el contrario sólo se trata de un error o inobservancia de los redactores que debe ser corregido, en cuyo caso se abren las puertas hacia una nueva reforma que recoja el sentir de la sociedad.
Si no se hiciere de esta manera, entonces ningún oficial del estado civil en la República Dominicana, podrÃa negarse a oficializar el matrimonio de una pareja del mismo sexo, que apoyada en nuestra Constitución le solicite que los case.
El autor es abogado y periodista
