Organizaciones de la Sociedad Civil acusan a la Cámara de Cuentas de no auditar ni un 10 por ciento del presupuesto general del Estado y ni el uso que dan los funcionarios a los fondos que manejan en las entidades que dirigen.
Asimismo, cuestionaron que esa entidad solo realice auditorías a las pequeñas instituciones y a las alcaldías y no los organismos grandes como a los ministerios de Educación, Salud Pública, Agricultura y Defensa.
“Evidentemente porque ellos se circunscriben a analizar las entidades más pequeñas, los ayuntamientos donde se maneja la menor cantidad de fondos por lo regular, donde no hay funcionarios que tengan mucho poder y evidentemente eso le hace un flaco servicio a la lucha anticorrupción”, sostuvo Miguel Suren Hernández, de la Fundición Primero Justicia.
Criticaron además que ese escrutinio se haga por un año, pese a que un incúmbete permanece varios años en la institución. Llamaron a realizar una reingeniería en la Cámara de Cuentas para poder fiscalizar el uso que se le da a los fondos públicos.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, consideró que estas auditorías datan desde cinco a nueve años y deploró la poca consistencia en su presentación, lo que da espacio, según él, a que el Departamento de Persecución de la Corrupción y la Unidad Especializada de la Procuraduría las devuelvan.
De su lado, Julio César de la Rosa, de la Asociación Dominicana Contra la Corrupción,consideró que esas auditorías carecen de los elementos probatorios que pudieran servir para logar obtener una sanción que sirva de ejemplo para los que tienen la responsabilidad de administrar el gasto público.
Estas organizaciones entienden que de no hacerse una buena auditoría, no podrán tomar acciones judiciales en contra de los funcionarios que hagan un mal uso de los recursos públicos.
