APUNTE.COM.DO.- Decenas de miles de personas se movilizaron este martes en varias ciudades de Francia para exigir incrementos salariales, denunciar el empeoramiento de las condiciones de trabajo y reclamar más recursos para los servicios públicos. La jornada incluyó una huelga de funcionarios y contó con el respaldo de organizaciones estudiantiles y de trabajadores de otros sectores, en un momento en que el Gobierno de Emmanuel Macron busca equilibrar las cuentas estatales sin aumentar el malestar social.

Se trató de la segunda gran protesta en menos de dos semanas. Los sindicatos mantuvieron la medida luego de que una reunión del viernes con el primer ministro, Sébastien Lecornu, concluyera sin compromisos concretos sobre una actualización general de los salarios de los empleados públicos. Alrededor de seis millones de trabajadores estaban llamados a participar en el paro.

La adhesión fue menor que la registrada el 5 de noviembre. Según el Ministerio del Interior, 146.000 personas participaron en las marchas en todo el país, incluidas 28.000 en París. La Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio, elevó la cifra a 500.000 manifestantes a nivel nacional y 175.000 en la capital.

El seguimiento de la huelga también disminuyó. El Ejecutivo calculó que menos del 3% de los empleados de la administración central interrumpió sus actividades, frente a casi el 10% de la protesta anterior. En el sector educativo, la participación de los huelguistas tampoco alcanzó el 4%, de acuerdo con los datos oficiales.

Aunque el paro tuvo un alcance limitado, algunas actividades registraron interrupciones. Los servicios ferroviarios de cercanías de París y determinados recorridos regionales sufrieron alteraciones, y también se observaron efectos en instalaciones portuarias.

En la capital, la marcha avanzó entre la plaza de la Nación y la plaza de Italia, bajo la supervisión de los dispositivos de seguridad organizados por los sindicatos. No se registraron incidentes de gravedad. Las columnas reunieron a empleados públicos, representantes gremiales, estudiantes y trabajadores de otras actividades que acompañaron los reclamos salariales.

Uno de los principales argumentos de los manifestantes fue la pérdida de capacidad de compra frente al encarecimiento de los gastos cotidianos. La secretaria general de la CGT reclamó una mejora inmediata de los salarios de al menos el 5%, una demanda que supera ampliamente el incremento anunciado por el Gobierno para los ingresos más bajos.

La situación de los trabajadores hospitalarios refleja parte de las dificultades denunciadas durante la jornada. Una empleada de un establecimiento sanitario de Lyon, con 24 años de trayectoria, explicó que percibe 1.870 euros netos mensuales. A sus 53 años, debe afrontar el alquiler de su vivienda y los gastos de traslado hasta su lugar de trabajo, situado a casi 50 kilómetros.

La mujer detalló que destina 860 euros al alquiler y entre 400 y 500 euros mensuales al combustible. Con la ayuda económica de sus dos hijas mayores, consigue cubrir esos compromisos, pero dispone de un margen reducido para alimentación y otros gastos. “Siento una rabia enorme”, expresó al describir su situación.

El malestar también alcanza a los empleados de otros servicios estatales. Una trabajadora de una biblioteca que participó en la manifestación parisina sostuvo que las remuneraciones del sector público quedaron rezagadas frente a la inflación. Su presencia respondió tanto al respaldo a las demandas estudiantiles como a la necesidad de recuperar poder adquisitivo.

El Gobierno anunció la semana pasada una actualización del 1,6% para el salario mínimo, que entrará en vigor en diciembre y lo llevará a unos 1.500 euros netos mensuales. La medida se adelantó al ajuste que habitualmente se aplica en enero, pero no incluyó una mejora general para los funcionarios, precisamente el sector que protagonizó las protestas.

A las reivindicaciones salariales se sumaron los reclamos de estudiantes que mantienen movilizaciones desde septiembre. Sus organizaciones exigen más recursos para los establecimientos educativos, mejoras en las condiciones de aprendizaje y soluciones ante la falta de docentes en las aulas.

La discusión se desarrolla en un contexto de restricciones presupuestarias. El Ejecutivo necesita reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda pública, mientras la Comisión Europea volvió a instar este martes a Francia a corregir sus desequilibrios fiscales.

La disputa también tiene una dimensión política: el país se encamina a las elecciones presidenciales de 2027, cuando Macron deberá dejar el cargo. En ese escenario, Lecornu enfrenta el desafío de avanzar con el ajuste presupuestario sin profundizar las tensiones con los sindicatos y otros sectores que reclaman una mejora de sus condiciones económicas.