APUNTE.COM.DO.- El cuerpo sin vida de Nielson de Souza Vilela, abogado que representó durante años en España al exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el "Pollo" Carvajal, fue encontrado en un departamento de un edificio ubicado en la Gran Vía de Madrid. Fuentes confirmaron a Infobae que el fallecimiento del letrado se produjo el pasado jueves.
El abogado tenía alrededor de 40 años. Fuentes policiales citadas por Antena 3 indicaron que la muerte podría deberse a un suicidio, aunque las autoridades todavía no han confirmado las causas oficiales.
El hallazgo se produjo en un momento delicado para su excliente, quien desde el 25 de junio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos ante un tribunal federal de Nueva York y aguarda la resolución del juez Alvin K. Hellerstein. Los cargos incluyen conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, participación en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), narcotráfico y tráfico de armas.
La sentencia, que debía conocerse en octubre de 2025, lleva más de un año postergada —incluso hubo una nueva fecha tentativa en febrero de este año que tampoco se concretó— y fuentes cercanas al exgeneral atribuyen esas demoras a la información que sigue entregando a las autoridades estadounidenses.
Esa colaboración, que ya era relevante antes, se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Según fuentes del entorno del exoficial, Carvajal estaría detallando ante la justicia estadounidense los canales que el régimen venezolano habría utilizado para financiar a partidos y dirigentes de izquierda en distintos países, con especial énfasis en España y en la figura del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
El vínculo entre el "Pollo" Carvajal y la justicia española tiene historia propia. Tras su detención en territorio español, el exgeneral pasó dos años —de 2021 a 2023— a la espera de que se concretara su extradición a Estados Unidos. Durante ese período compareció ante la Audiencia Nacional e intentó frustrar su entrega al país norteamericano colaborando con los jueces locales: aportó información sobre la presunta financiación del régimen chavista a Podemos y sobre la relación del chavismo con Zapatero.
Esa estrategia no frenó la extradición. El 19 de julio de 2023 fue entregado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en el tribunal federal de Nueva York. Sin embargo, la información que aportó continuó circulando en las investigaciones en curso. Apenas dos meses y medio después de la detención de Maduro, la agencia Homeland Security Investigations (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos facilitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exaccionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra.
Ese material fue incorporado a las diligencias del magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional y sustentó la imputación de Zapatero el 18 de mayo, en el marco del caso que investiga el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la compañía. Zapatero negó haber intervenido en esa decisión.
Entre quienes siguieron la noticia en el entorno de antiguos directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el nombre que afloró de inmediato fue el de Juan Carlos Márquez Cabrera. Secretario general de Entes Corporativos de la petrolera durante la gestión de Rafael Ramírez, Márquez aterrizó el 18 de julio de 2019 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas proveniente de Estados Unidos, fue detenido y compareció ante el magistrado Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Se comprometió a colaborar en la investigación sobre contratos de asesoramiento que vinculaban a Raúl Morodo —exembajador español en Venezuela entre 2004 y 2006— y a su hijo Alejo con ingresos no declarados procedentes de PDVSA, estimados en al menos 4,5 millones de euros.
Dos días después de esa declaración, su socio lo encontró muerto en una oficina de una nave industrial en San Sebastián de los Reyes. La investigación continuó sin él durante años, hasta que en diciembre de 2024 la Audiencia Nacional condenó a Raúl Morodo a diez meses de prisión y a Alejo a dos años, luego de que ambos reconocieran ante la Fiscalía haber ocultado a Hacienda esos ingresos. La pregunta sobre si Zapatero o el exministro José Bono actuaron como testaferros en ese esquema nunca obtuvo respuesta judicial.
Ninguna autoridad ha establecido públicamente una relación entre la muerte de De Souza Vilela y su trayectoria profesional, ni confirmado la existencia de indicios de intervención de terceros. La investigación sobre las circunstancias del deceso permanece abierta.
