APUNTE.COM.DO.- El juez penal de garantías Osmar Legal dispuso este lunes que el ex presidente Santiago Peña sea trasladado a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, luego de que se verificara que disponía de privilegios en el regimiento donde permanecía en prisión preventiva desde hacía diez días por el colapso del banco Ueno.
La medida fue comunicada por la Justicia paraguaya. El magistrado explicó que el cambio de centro de reclusión tiene como finalidad asegurar el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva decretada el 7 de noviembre. Asimismo, solicitó a las autoridades penitenciarias que adopten todas las previsiones necesarias para resguardar la vida y la integridad física del ex mandatario, y que remitan un informe pormenorizado sobre los protocolos de seguridad que se aplicarán mientras permanezca allí.
La decisión se produjo después de que el presidente Pedro Alliana removiera al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, la unidad castrense donde estaba alojado Peña. Dayub había asumido esa responsabilidad el 20 de octubre. Alliana, quien ocupaba la vicepresidencia y llegó a la presidencia tras la destitución de Peña, instruyó al ministro de Defensa, Óscar González, para que ejecutara la remoción de Dayub a raíz de las denuncias sobre supuestos privilegios concedidos al ex gobernante.
El diario ABC Color había publicado fotografías de máquinas y equipos de gimnasia colocados en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del regimiento. González declaró a la radio ABC Cardinal que consultó a Dayub y que este confirmó la presencia de los aparatos. El ministro admitió que se debe procurar "la atención que se merece el ser humano", pero aclaró que no se tolerará "ningún privilegio". Dayub había manifestado previamente a medios locales que Peña se encontraba en "una habitación normal", dotada de cama, ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado.
Peña, economista de 47 años, quedó involucrado por la caída de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras privadas de Paraguay, que afectó a cerca de 2,94 millones de clientes. Entre ellos figuran instituciones públicas que, durante su administración, canalizaron importantes sumas de dinero hacia el banco, actualmente intervenido. El Banco Central había iniciado un procedimiento de resolución de la entidad al detectar que su índice de solvencia estaba muy por debajo del mínimo exigido por la ley. La Fiscalía sostiene que Peña mantenía un vínculo económico y corporativo anterior con el grupo propietario del banco.
El Senado destituyó a Peña mediante un juicio político, el mecanismo con el cual el Congreso puede separar al presidente por "mal desempeño de funciones". El ex mandatario fue detenido la noche del viernes 6 de noviembre en su domicilio de Asunción. Debido a que un grupo de manifestantes se acercó al lugar, fue trasladado por razones de seguridad al Regimiento Escolta Presidencial. Al día siguiente, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en esa misma unidad, argumentando que "maneja demasiada información sensible" y que por ello no correspondía enviarlo a una cárcel común.
Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, delito que la Fiscalía amplió en los últimos días. El expediente se denomina "Santiago Peña Palacios y otros", y el Ministerio Público imputó a 27 personas, entre ellas uno de los fundadores del banco. La defensa de Peña se abstuvo de declarar en la audiencia y el ex presidente no se pronunció sobre el traslado. Como en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia.
Este lunes, además, el juez Otazú comunicó que se aparta de la causa por motivos familiares vinculados a Marco Aurelio González, exdirectivo del Banco Central también imputado. El caso pasó a manos de Legal, quien fue el encargado de ordenar el traslado.