APUNTE.COM.DO.- El Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís dispuso una garantía económica de un millón de pesos como medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, a quien se le atribuye haber participado en la planificación de un atentado terrorista contra el presidente de la República, Luis Abinader.

El monto de la fianza deberá ser consignado en efectivo en el Banco Agrícola, según lo estableció el tribunal.

Además de la garantía económica, el juez ordenó que De la Cruz Sosa no puede salir de San Francisco de Macorís, quedará bajo el cuidado y vigilancia de su padre y deberá presentarse cada 15 días ante la Fiscalía.

Al explicar la decisión, el representante del Ministerio Público, Engels Luis Polanco Henríquez, señaló que la medida tiene como propósito asegurar que el imputado se mantenga vinculado al proceso mientras continúan las investigaciones.

Polanco Henríquez indicó que, una vez realizado el depósito de la garantía económica, De la Cruz Sosa podrá recuperar su libertad siempre que cumpla con las restricciones impuestas por el tribunal.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, que consta en un expediente de 57 páginas, el imputado es la principal persona señalada dentro de una supuesta estructura integrada por al menos 10 personas que habría planificado un ataque contra el mandatario.

El Ministerio Público sostiene que los investigados intercambiaron información sobre la elaboración de artefactos explosivos, la obtención de datos acerca de los desplazamientos del presidente y la planificación de un posible atentado.

Según el expediente, en el momento del arresto de De la Cruz Sosa se ocuparon objetos y materiales que, presuntamente, serían utilizados para fabricar explosivos.

Aunque el documento menciona a otras nueve personas que habrían formado parte de la supuesta estructura, hasta el momento De la Cruz Sosa es el único sometido a la justicia por este caso.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra el joven como medida de coerción, pero el juez optó por imponerle una garantía económica y las demás restricciones mencionadas.