APUNTE.COM.DO.- La muerte de cuatro personas, entre ellas un sargento de la Policía, durante un enfrentamiento entre agentes y supuestos delincuentes en Santiago de los Caballeros, volvió a poner bajo cuestionamiento este jueves los denominados "intercambios de disparos" en República Dominicana.

De acuerdo con la Policía, el suceso ocurrió en la avenida Circunvalación Norte, donde los uniformados se enfrentaron a tres personas que se desplazaban en una camioneta SUV todoterreno.

Los fallecidos fueron el sargento Juan Isaac Espinal Jiménez y los ciudadanos identificados por las autoridades como presuntos delincuentes Eduardo Paúl Pérez, Edward de Jesús Pérez y Andrelina Santos Sosa.

La institución indicó que uno de los hombres había logrado escapar de un primer enfrentamiento y que después fue localizado y abatido por una patrulla.

Asimismo, le atribuyó presuntos vínculos con varios homicidios. No obstante, más allá de los antecedentes que las autoridades imputan a los fallecidos, cada muerte ocurrida durante una intervención policial exige esclarecer las circunstancias y determinar si el uso de la fuerza se ajustó a la ley.

La magnitud del fenómeno genera preocupación. Medios de prensa locales reportaron 104 muertos en presuntos intercambios de disparos entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre de este año.

Las cifras alimentan un debate que supera la actuación de los agentes en cada operativo y llega hasta la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad ciudadana sin menoscabar el derecho a la vida.

Organizaciones civiles, juristas y defensores de derechos humanos han reclamado investigaciones independientes, transparencia y controles eficaces sobre el empleo de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad.

El reto para las autoridades dominicanas consiste en demostrar que la persecución del delito y el mantenimiento del orden público se desarrollan dentro de los límites legales.

La existencia de órdenes de arresto o de antecedentes penales atribuidos a una persona no elimina la obligación de proteger su vida.

En ese contexto, cada nuevo episodio vuelve a plantear una interrogante central: ¿cómo garantizar que la lucha contra la delincuencia no termine debilitando las garantías que el propio Estado está llamado a proteger?