APUNTE.COM.DO.- El expresidente dominicano Leonel Fernández denunció que alrededor de 20 mil millones de dólares en proyectos inmobiliarios y turísticos se encuentran paralizados desde hace cinco años debido a la falta de permisos de construcción.
Al reunirse con representantes de los sectores productivos de la provincia La Altagracia, el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) sostuvo que las demoras administrativas perjudican la creación de empleos, la actividad de la construcción y el crecimiento económico, en especial en polos turísticos como Punta Cana.
Como solución, planteó que una normativa establezca plazos concretos para que las instituciones encargadas, entre ellas los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, adopten sus decisiones. Si vencido ese plazo no hay una respuesta oficial, propuso que se aplique el principio del silencio administrativo positivo, de modo que la ausencia de pronunciamiento equivalga a una autorización.
Fernández mencionó plazos de cuatro meses, cinco meses o hasta un año para resolver las solicitudes, y señaló que las controversias que surjan de la aplicación de ese mecanismo podrían resolverse en el Tribunal Superior Administrativo. Aclaró que la agilización de los trámites debe ir acompañada de evaluaciones ambientales y de garantías para proteger las áreas protegidas y los terrenos dedicados a la producción agrícola y ganadera.
También atribuyó a la burocracia y a la falta de respuestas oportunas parte de las dificultades del sector construcción, cuya actividad, según indicó, se redujo un 1,8 por ciento el pasado año.
El dirigente político advirtió que las demoras administrativas pueden favorecer prácticas irregulares y presiones sobre los inversionistas. A su juicio, la ausencia de respuesta durante años deja ver problemas de ineficiencia o corrupción, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones de la FP.
En el encuentro criticó además la distribución del gasto estatal y el endeudamiento público, al afirmar que de cada 100 pesos que destina el Gobierno, 90 se usan en gastos corrientes y solo 10 en inversión de capital. Consideró que la política económica debe dar prioridad a la inversión productiva, la generación de empleos y el fortalecimiento de la producción nacional, y cuestionó las importaciones que, según sostuvo, afectan la competitividad de los productores dominicanos.
Empresarios y profesionales de La Altagracia expusieron ante Fernández problemas vinculados con los permisos de construcción, la seguridad ciudadana, la competitividad y las deficiencias de los servicios básicos.
