APUNTE.COM.DO.- Paraguay vive una conmoción social, económica y política sin precedentes recientes. El martes de la semana pasada, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el cierre de Ueno Bank, lo que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos y puso en riesgo recursos públicos y de jubilaciones. El jueves por la mañana, Horacio Cartes, expresidente y líder de la Asociación Nacional Republicana, anunció que su sector respaldaría el pedido de juicio político contra Santiago Peña, a quien él mismo había impulsado en las elecciones de 2023. El escándalo culminó con la destitución de Peña de la Presidencia y con una causa penal que llevó a la Fiscalía a solicitar su arresto. Días antes habían sido aprehendidos directivos de la entidad financiera.
El caso superó la dimensión patrimonial de un banco. Ueno Bank concentraba depósitos de particulares, recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), fondos de organismos estatales y una porción considerable de las transacciones electrónicas del país. Además, la investigación judicial puso bajo sospecha una red de créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo que controlaba el banco.
La crisis, desatada en pocos días, salpicó directamente a Peña, quien hasta el año pasado tuvo acciones en Ueno Holding y mantuvo vínculos comerciales previos con compañías del Grupo Vázquez. Aunque el mandatario había informado en 2025 que se había desprendido de esas participaciones, los cuestionamientos políticos se centraron en posibles conflictos de intereses, el papel del regulador financiero y las decisiones que permitieron la expansión del conglomerado durante su gobierno.
La secuencia de hechos también profundizó la fractura dentro de la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado.
Lunes 2 de noviembre
Al inicio de la semana, la junta directiva del Banco Central del Paraguay concluyó que Ueno Bank ya no cumplía con los niveles de solvencia necesarios para seguir operando. Según los datos del organismo oficial, el índice de la entidad había quedado por debajo del 50% del mínimo legal exigido para el funcionamiento de un banco.
La resolución del Central dejó al descubierto una situación que se venía gestando de forma absolutamente hermética durante los últimos meses. La Superintendencia de Bancos había detectado créditos y sobregiros por montos elevados a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, el conglomerado que controlaba la entidad. Varias de esas firmas carecían de garantías suficientes y de ingresos propios que les permitieran cancelar sus deudas.
El esquema bajo investigación incluía a sociedades como Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA y Satec SA. Los recursos que recibían circulaban luego hacia otras compañías del mismo grupo, entre ellas ITTI, Redisa, Redipro y Vinanzas SA. La Fiscalía sostiene que parte de esas transferencias se usó para aparentar el pago regular de obligaciones financieras, con movimientos contables que habrían superado 1,6 billones de guaraníes (257.000 dólares).
La situación del regulador sumó otro foco de cuestionamientos. Carlos Carvallo Spalding, entonces presidente del BCP, presentó su renuncia ante el Senado. Su trayectoria previa concentraba las críticas porque había dirigido Financiera Ueno antes de asumir al frente de la autoridad monetaria, cuando la empresa aún no operaba como banco.
Carvallo había encabezado la entidad durante un año y siete meses. Luego, tras la asunción de Peña en agosto de 2023, pasó a dirigir el BCP. En noviembre de ese mismo año, el organismo autorizó a Ueno a operar como banco. Esa sucesión de cargos se convirtió en uno de los elementos centrales de la controversia sobre las puertas giratorias entre el sector privado y el Estado.
Martes 3 de noviembre
Durante la madrugada del martes, el Banco Central comunicó el cierre de Ueno Bank. La decisión bloqueó el acceso a la aplicación de la entidad, las tarjetas, los cajeros automáticos y las sucursales. Miles de usuarios comenzaron a informar que no podían disponer de sus fondos ni realizar pagos cotidianos.
La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes, una cifra cercana a la mitad de la población paraguaya. También procesaba más de tres millones de operaciones diarias y tenía una participación relevante en las transacciones electrónicas de comercios. El corte de servicios afectó compras de alimentos, pagos de alquileres, transporte, salarios, matrículas universitarias y transferencias entre particulares, entre otras cuestiones.
La integrante del directorio del BCP Liana Caballero explicó que el cierre alcanzaba a todos los servicios de la entidad. Las autoridades señalaron que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) permitiría cubrir depósitos de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos USD 37.000 por persona. En paralelo, se anunció un pago inicial de hasta 10 millones de guaraníes (1.600 dólares) para los ahorristas mientras avanzara el mecanismo de restitución.
El impacto fue mayor porque el banco administraba recursos estatales. Entre los fondos inmovilizados figuraban aproximadamente USD 355 millones del Instituto de Previsión Social, que paga jubilaciones y presta servicios de salud a trabajadores paraguayos. Esos recursos representaban cerca del 9% de la cartera de inversiones del IPS y correspondían, entre otros instrumentos, a certificados de depósito y bonos financieros.
