APUNTE.COM.DO.- El futuro político del presidente de Paraguay, Santiago Peña, pasó este jueves a depender del Congreso, un poder que hasta ahora había sido su aliado y que ahora deberá definir el juicio político en su contra, en el marco de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus ahorros.
Ante la presión del escándalo, el mandatario presentó este jueves su renuncia con la intención de evitar el juicio político, que podría costarle sus fueros si se establece su responsabilidad en la caída del banco.
Peña quedó envuelto en la crisis que afectó al país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que generó protestas de miles de usuarios preocupados por sus depósitos, mientras crece la inquietud por los cuantiosos fondos públicos, en su mayoría provenientes de pensiones, que permanecen en la entidad privada.
La entidad emisora determinó que el índice de solvencia del banco había descendido por debajo del 50 % del mínimo requerido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay dispone que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables". Un senador vitalicio cuenta con fueros y no puede ser procesado penalmente sin la autorización del Senado.
Sin embargo, la sesión conjunta convocada para decidir si se aceptaba la dimisión quedó sin cuórum por la salida de varios legisladores oficialistas, y el Congreso comenzó esa noche el juicio político contra el mandatario, quien anunció que se defenderá de las acusaciones. Con este escenario, Peña continúa formalmente al frente de la Presidencia de Paraguay, aunque su permanencia depende de la votación en el Senado.
La acusación en el Senado contra Peña señala un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, es decir, el tránsito de funcionarios entre el sector público y el privado, al mencionar, entre otros puntos, las acciones de Peña en Ueno Holding, un conglomerado que reúne distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.
Ese mismo día, la Fiscalía paraguaya anunció que incluirá al aún presidente en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre Ueno bank, que también involucran a otros exfuncionarios de su gestión.
En un comunicado, el Ministerio Público (Fiscalía) informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia presentada en octubre de 2025 contra Peña para incorporar "hechos relativos" a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos sobre la actuación de autoridades del Banco Central de Paraguay.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos se concentraron frente al Congreso, en la capital Asunción, para exigir una salida a la crisis y la destitución de Peña.
"Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio", declaró a EFE la activista María Stela Invernizzi.
También este jueves, el BCP empezó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el emisor indicó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio del día, están dirigidos a un "primer grupo" de clientes que no tengan deudas con la entidad y que dispongan de cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.
"Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad", señaló el ente en la nota.
Como consecuencia del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes, en su mayoría personas comunes y entidades del sector público, quedaron congelados en el banco extinto, al igual que el patrocinio de equipos de fútbol local, de la selección paraguaya y de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue removido del poder.
