APUNTE.COM.DO.- El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió mantener bajo prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros cuatro imputados dentro del expediente que investiga un presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La medida alcanza además a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo, quienes continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

El magistrado adoptó esa determinación durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, al entender que se mantienen intactos los presupuestos que sustentaron la prisión preventiva de los cinco encartados. El tribunal valoró la gravedad de los hechos imputados, el perjuicio económico que se investiga y la necesidad de asegurar que los imputados comparezcan durante el proceso.

Distinto fue el criterio aplicado a Rafael Luis Martínez Hazim, a quien el juez varió la medida de coerción y le impuso arresto domiciliario, tras acoger los nuevos presupuestos presentados por su defensa y someter su situación a un examen de proporcionalidad.

La nueva medida incluye una garantía económica de 15 millones de pesos instrumentada mediante contrato de fianza, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la colocación de un localizador electrónico.

Entre los argumentos de la defensa estuvieron que el imputado no posee participación accionaria en las empresas que se investigan y que no representa riesgos procesales que ameriten mantenerlo en prisión preventiva. El magistrado ponderó las circunstancias particulares de cada encartado y la proporcionalidad de las medidas de coerción.

La lectura íntegra de la decisión quedó fijada para el 26 de noviembre de 2026, fecha desde la cual empezarán a correr los plazos legales para que las partes presenten los recursos que consideren pertinentes.

Durante la audiencia, el abogado Miguel Valerio, defensor de Santiago Hazim, comunicó al tribunal que no contaba con nuevos presupuestos y que no se oponía a que se mantuviera la prisión preventiva. Los representantes legales de Gustavo Enrique Messina Cruz y de Germán Rafael Robles Quiñones se expresaron en el mismo sentido.

En cambio, Jaime Caonabo Terrero, abogado de Francisco Iván Minaya Pérez, sí presentó nuevos presupuestos, igual que la jurista Ivana Rodríguez, quien representa a Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Spiekler Mateo.

Frente a esas solicitudes, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, pidió rechazarlas y mantener la prisión preventiva, al sostener que los documentos aportados no constituían nuevos presupuestos y que ya habían sido conocidos anteriormente por el tribunal.

Al concluir la audiencia, Miguel Valerio se mostró conforme con la decisión que mantuvo a su representado en prisión preventiva y explicó que la defensa aguarda la presentación de la acusación formal del Ministerio Público para fijar posición sobre los hechos que se investigan.

El jurista señaló que, según el calendario del proceso, la investigación debería concluir en el plazo de un mes, por lo que consideró que ese será el momento procesal adecuado para responder a las imputaciones.

Valerio precisó que, pese a las condiciones de salud de Hazim, su equipo legal no ha solicitado la variación de la medida de coerción.

También identificó al actual director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, como un testigo relevante para aclarar la situación financiera de la institución y explicar el déficit al que se ha hecho referencia.

"Edward Guzmán será un testigo muy importante a los fines de que pueda demostrar el déficit que dijo que hay en esa ARS y qué pasó, porque él era presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social", sostuvo.

Agregó que Guzmán ha manifestado que durante su gestión siguen ocurriendo actos delictivos en la institución, mientras que, según la versión de la defensa, Hazim combatió esas prácticas.