APUNTE.COM.DO.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió este lunes a Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Antes de la decisión, el magistrado estuvo cerca de 50 minutos ante los miembros del órgano, tiempo en el que repasó su trayectoria y respondió a sus preguntas.
En sus 25 minutos de exposición libre, Montero recorrió su vida y sus cifras. Nacido en El Cercado, San Juan de la Maguana, y graduado de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) en 1990, contó que llegó a la administración de justicia con 28 años, de los cuales siete han transcurrido en la Suprema. Señaló que en 1998, como juez de paz, tuvo su primer peldaño en la carrera judicial. Mientras avanzaba como juez, acumuló cinco maestrías y ejerció la docencia en universidades dominicanas y españolas.
En cuanto a números, detalló que como juez de la Primera Sala ha emitido 27,482 decisiones desde abril de 2019 y que fue ponente en 7,108, equivalentes al 26% del total. Firmó además 50 votos particulares, y destacó dos: uno que sostiene que el Estado dominicano no puede ser declarado en defecto porque el Ministerio Público debe asumir su defensa, y su tesis sobre el artículo 815 y la imprescriptibilidad de las acciones sobre inmuebles registrados, que quedó en minoría en su momento y que, según dijo, el Tribunal Constitucional acaba de asumir como válida y vinculante.
Ya como presidente de esa sala desde enero de 2026, explicó que organizó una agenda para los casos que calificó de "sensibles", como referimiento, embargo inmobiliario, arbitraje, familia y partición. En arbitraje indicó que los fallos pasaron de 162 a 28 días, y en las demandas en suspensión, que corresponden al presidente de la sala, de 60 a 11. "Estoy sediento de que lleguen para resolverlas", dijo sobre ese tipo de expedientes. Pidió además al pleno de la sala una medida para que ninguna decisión quede suspendida sin límite de tiempo, y los demás jueces la acogieron.
Habló también de una herramienta que corrige un "viejo cuello de botella", que consistía en que antes obtener una sentencia ya firmada podía tardar mes y medio o dos meses. Ahora, cuando el presidente firma el rol de audiencia de sentencias leídas, el documento llega de forma automática al correo de los abogados.
Asimismo, se refirió a su paso por la Dirección de Carrera Judicial, a donde lo llamaron en 2014 porque tres directores designados habían renunciado, y la describió como "la mejor escuela" en competencias gerenciales. Su hoja institucional incluye un manual de buenas prácticas para juzgados de paz (1999) que la cooperación española extendió a Costa Rica, El Salvador y Guatemala, y el Sistema de Integridad Institucional de 2009, cuya actualización coordinó en 2021. Dirige la cátedra de ética de la Escuela Nacional de la Judicatura, copreside un programa de justicia digital del Banco Mundial y representa al Poder Judicial ante la OCDE. Fue durante diez años miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, de la que se retiró por voluntad propia. En 2025 publicó un manual de ética judicial.
Describió su trabajo como "un sacerdocio de entrega, de sacrificio" y dejó la decisión en manos del Consejo: "soy un ciudadano respetuoso de las decisiones de los órganos".
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, le preguntó por el interés casacional. Montero explicó que la figura busca restringir el acceso a la Suprema y que en la práctica ha pasado por tres etapas, la última de diálogo con el Tribunal Constitucional. Dijo que, de un lote estimado de 300 decisiones, más de 200 se resuelven hoy por inadmisibilidad.
La jueza Nancy Salcedo Fernández, secretaria del Consejo, quiso saber dónde termina la tecnología y empieza el juez. Él respondió que el juez natural es innegociable. Advirtió que la inteligencia artificial puede generar falsedades con apariencia de verdad y que la tecnología debe servir de apoyo sin deshumanizar la justicia.
Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, le consultó por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y por el uso de redes sociales por parte de los jueces. Montero situó el origen de la comisión en la Cumbre de 2006 y recordó un dictamen de 2015 que permite las redes con límites de prudencia. Sobre las suspensiones, dijo que al asumir encontró 270 solicitudes atrasadas y que ya suman 748 resoluciones, con fallos publicados los viernes a las 11:00 de la mañana.
El senador Omar Fernández le planteó si la ética debe ser una causal disciplinaria autónoma. Montero señaló que el principio de legalidad lo permitiría, pero dijo preferir mantenerla en el plano prescriptivo y preventivo.
El diputado Tobías Crespo indagó sobre el control difuso frente a las decisiones del Constitucional. Su respuesta fue que si el TC anuló una norma por control concentrado, el control difuso deja de operar; si solo rechazó la acción y la norma sigue viva, los jueces ordinarios pueden seguir aplicándolo en casos concretos.
Para finalizar, el presidente Luis Abinader preguntó cómo extender la cultura ética a todo el sistema. Montero habló de reforzar la cátedra en la Escuela Nacional de la Judicatura, socializar el tema con los jueces y sumar a organismos como la OCDE, con una conciencia que alcance también a abogados y ciudadanos.
