APUNTE.COM.DO.- Decenas de ahorristas y empleados de Ueno Bank, cuyos depósitos permanecen congelados desde la intervención del banco el martes, se manifestaron este jueves frente al Congreso de Paraguay, en Asunción. Los protestantes reclamaron la devolución de su dinero y exigieron que el juicio político contra Santiago Peña prosiga, incluso después de que el presidente presentara su renuncia. Les preocupa que la dimisión, de ser aceptada por el Congreso, le permita asumir como senador vitalicio y quedar fuera del alcance de los tribunales.
“Nosotros no queremos que se acepte su renuncia, porque si se acepta, él quedaría blindado como senador vitalicio”, declaró a EFE la activista María Stela Invernizzi. Cristian Domínguez, otro manifestante, afirmó a la misma agencia que Peña “es el responsable” de la crisis y pidió que sea encarcelado.
Ese temor tiene sustento constitucional. El artículo 189 de la Constitución paraguaya concede una banca vitalicia en el Senado a los expresidentes electos en las urnas, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”. Un senador vitalicio no puede ser procesado sin autorización de la Cámara. La renuncia, conforme al artículo 202, debe ser aceptada o rechazada por el Congreso.
La jornada parlamentaria dejó abiertas ambas vías. Por la mañana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de sus 78 miembros presentes la acusación contra Peña por “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones” y remitió el expediente al Senado. A las 13.33 hora paraguaya ingresó al Palacio Legislativo la carta de renuncia. La sesión conjunta convocada para votarla comenzó alrededor de las 16.00 con 65 diputados y 45 senadores, según La Nación de Asunción. La votación nominal quedó sin quórum cuando los legisladores colorados oficialistas se retiraron al constatar que no contaban con los votos necesarios para aceptarla.
Formalmente, Peña sigue siendo presidente de Paraguay.
Tras el levantamiento de la sesión, los manifestantes intentaron cruzar las vallas que rodean el Congreso. La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos. En Ciudad del Este, segunda ciudad del país, otro grupo se congregó en la rotonda Oasis para rechazar la aceptación de la renuncia.
En el Senado, las posturas están divididas. El senador colorado Gustavo Leite argumentó que “el mal menor es aceptar la renuncia” y que Peña sea procesado por la vía penal. El senador opositor Líder Amarilla replicó que “aceptar la renuncia es impunidad porque va a quedar con fueros”.
Las protestas comenzaron el martes, horas después de anunciarse la intervención. Ese día, centenares de ahorristas y jubilados marcharon por el microcentro de Asunción y otro grupo se enfrentó a la policía frente a Mburuvicha Róga, la residencia presidencial. El miércoles hubo una segunda jornada junto al Panteón de los Héroes. Se sumaron la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y estudiantes universitarios, que reclamaron el juicio político de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. Ese día la policía utilizó gas pimienta y balines de goma.
El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió el 2 de noviembre iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank tras verificar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. El banco tiene 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. El IPS, que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores, tiene USD 355 millones colocados en la entidad, cerca del 9% de su cartera. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, 228,3 millones de guaraníes, y el BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (USD 1.675).
El vínculo de Peña con el banco pasa por el Grupo Vázquez, su principal accionista. En 2019, Peña compró acciones de Credicentro, la sociedad que luego se convirtió en Ueno Holding, donde fue socio del grupo hasta 2025. El presidente ha negado siempre haber tenido relación con el banco. Carlos Carvallo, presidente del BCP hasta esta crisis, dirigió Ueno Bank hasta agosto de 2023, según confirmó la empresa a Reuters.
La Fiscalía detuvo el martes a los ocho miembros del directorio de Ueno, entre ellos el vicepresidente primero y director ejecutivo, Miguel Vázquez, y el presidente, Juan Manuel Gustale. Ha imputado a 27 personas por lesión de confianza y otros delitos. Este jueves, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández confirmó a ABC Color que Peña fue incluido en la investigación, tras una ampliación de la denuncia presentada por legisladores de la oposición. La inclusión no equivale a una imputación.
El expediente del juicio político quedó en el Senado, presidido por Basilio Núñez, y la renuncia, sin resolver. La ley de garantía de depósitos otorga al BCP 15 días corridos para pagar la cobertura a los ahorristas, un plazo que vence el 17 de noviembre y que su directorio puede ampliar otros 15 días.
