APUNTE.COM.DO.- La División de Apelaciones del Tribunal Supremo del estado de Nueva York acogió este jueves la audiencia en la que los abogados del presidente Donald Trump defendieron su solicitud de anular la condena que pesa sobre él por haber ocultado un pago de 130.000 dólares a la exactriz Stormy Daniels mientras aspiraba por primera vez a la presidencia de Estados Unidos, en 2016.
En 2024, Trump fue sometido a un juicio en un tribunal del condado de Manhattan por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, relacionados con el ocultamiento del pago destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels y a impedir que se divulgara que ambos habían sostenido una relación, según la acusación de la Fiscalía.
El juez que dirigió el histórico proceso, Juan Merchan, le aplicó en enero de 2025 una sentencia de «libertad incondicional», figura que no implica prisión, multas ni libertad vigilada. Con ello, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito.
El mandatario ha rechazado las acusaciones y ha intentado, sin éxito, trasladar el caso penal a un tribunal federal.
Su nuevo equipo de abogados compareció ante la División de Apelaciones del Tribunal Supremo estatal, donde la defensa y la Fiscalía contestaron las preguntas formuladas por un panel de cinco jueces durante la audiencia.
Las partes han señalado que el proceso podría escalar al máximo tribunal del estado, el Tribunal de Apelaciones, y eventualmente llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, según informó CBS News.
La audiencia se celebra con un nuevo equipo legal para el mandatario, luego de que Trump designara a Todd Blanche, quien había sido su abogado defensor, como fiscal general del país, y a Emil Bove III como juez federal.
El pasado 16 de octubre, el nuevo abogado Robert Giuffra presentó los documentos de esta apelación, en los que sostiene que el pago debió haberse regido por las leyes electorales federales, que, según su argumento, prevalecen sobre los procesos judiciales estatales, de acuerdo con CBS.
La defensa también alega que los fiscales violaron la inmunidad presidencial y no consiguieron demostrar que Trump tuviera «intención de defraudar».
«La cuestión aquí es si las declaraciones y la estrategia de la Casa Blanca presentadas en el juicio de este caso penal -en respuesta a las acusaciones públicas de mala conducta personal que afectan directamente a la integridad y la idoneidad del presidente para el cargo- fueron oficiales», indica además el documento, según la cadena.
Por su lado, la Fiscalía mantiene que el plan de «pago por silencio» de 2016 constituyó «una conspiración para defraudar al público estadounidense y a los reguladores gubernamentales».