APUNTE.COM.DO.- Harmeet Dhillon presentó su renuncia como titular de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, con lo que se convierte en la primera funcionaria de alto rango en dejar la administración después de las elecciones intermedias.
El secretario de Justicia, Todd Blanche, comunicó la salida de Dhillon mediante una publicación en redes sociales, en la que destacó que ella "liderado la División de Derechos Civiles con convicción".
"Ella ha defendido las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin temor ni favoritismos", señaló Blanche en X. "El Departamento agradece su dedicado servicio público y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos".
A lo largo de un año y medio como secretaria adjunta de Justicia, Dhillon reorientó de manera profunda la labor de la división para ajustarla a la era Trump, alejándola de su función tradicional de velar por el acceso a las urnas y la reforma policial, y enfocándola en combatir lo que ella llama "ideología woke".
En las semanas previas, Dhillon, quien fue asesora legal de la campaña del presidente Donald Trump, parecía ir perdiendo protagonismo mientras el departamento impulsaba una serie de casos judiciales de alto perfil vinculados a las elecciones y de gran interés para el mandatario.
"¿Dónde está Harmeet?", se preguntaba un funcionario republicano que participaba en algunos de los procesos legales promovidos por el departamento para intentar respaldar las afirmaciones de Trump sobre supuestos intentos demócratas de robarse los comicios.
Dhillon mantuvo una presencia llamativa, aunque poco ortodoxa, en las redes sociales: allí daba a conocer iniciativas al mismo tiempo que compartía su afición por el tejido y respaldaba causas de derecha, como la creación de una sección dedicada a la Segunda Enmienda y a la promoción de la tenencia de armas.
Su partida deja una división afectada por la falta de personal: más del 75% de sus integrantes fueron despedidos o renunciaron durante su gestión. Aunque incorporó a varios abogados conservadores para cubrir esas vacantes, esas contrataciones estuvieron muy lejos de compensar la pérdida de décadas de experiencia y conocimiento en leyes de derechos civiles.
El desmantelamiento de la División de Derechos Civiles fue, de hecho, parte del problema para Dhillon, ya que algunos conservadores se quejaban de que los abogados sin experiencia de su área no lograban manejar los casos que se remitían a la división.
Dhillon no había respondido hasta el momento a una solicitud de comentarios.
Su salida se consideraba prácticamente segura tras los comicios, cuando los demócratas se hicieron con el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Según funcionarios al tanto, su dominio sobre la División de Derechos Civiles se había ido reduciendo durante meses, en parte por sus repetidas derrotas judiciales y por la percepción entre colegas de que era hábil para anunciar iniciativas pero menos eficaz para concretarlas.
Los mayores reveses judiciales de Dhillon ocurrieron en sus intentos por acceder a los padrones electorales. Jueces de distintos puntos del país desestimaron las demandas con las que pretendía ayudar a los estados a "depurar" sus listas de votantes eliminando a personas no ciudadanas; los magistrados cuestionaron con dureza lo que consideraron un intento de usar la ley para privar a los ciudadanos de su derecho al voto o para acceder a sus datos personales.
A medida que se acercaban las elecciones intermedias, Dhillon fue quedando cada vez más al margen de las iniciativas del departamento en materia electoral, según informaron fuentes a CNN. Con la cercanía de los comicios, fue el secretario adjunto de Justicia interino, Trent McCotter, y no Dhillon, quien firmó las demandas de mayor repercusión.
Stanley Woodward, fiscal general asociado con quien Dhillon mantenía una relación tensa, asumió el papel principal en las comparecencias.
