APUNTE.COM.DO.- Durante octubre, la Justicia boliviana puso en marcha investigaciones contra cinco exministros por presuntas irregularidades en la gestión pública, en dos procesos que alcanzan a antiguos colaboradores de los expresidentes Evo Morales (2006-2019), Jeanine Áñez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025).
Uno de los casos involucra a cuatro exministros de Defensa por supuestas anomalías en la adquisición de radares franceses de control aéreo. El otro se dirige contra la exministra Teresa Morales, a quien se atribuye haber ignorado 65 pedidos de información pública mientras estuvo al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En el expediente de los radares figuran Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, ambos ministros durante el Gobierno de Morales; Luis Fernando López, que ocupó esa cartera en la administración interina de Áñez, y Edmundo Novillo, ministro en el mandato de Arce, quien fue aprehendido por la Justicia el jueves tras prestar su declaración informativa en La Paz.
El Ministerio de Defensa presentó el 15 de octubre una querella penal contra los cuatro exministros y otras 15 personas, entre ellas exfuncionarios y representantes de la empresa francesa Thales. El contrato, suscrito en agosto de 2016 por unos 191 millones de euros, preveía la instalación de 13 radares, además de centros de control, sistemas de comunicación y otros componentes para mejorar la vigilancia del espacio aéreo boliviano.
Los equipos fueron entregados en 2022 con una garantía de dos años por parte de la empresa proveedora, de acuerdo con reportes de prensa de esa época. No obstante, una auditoría interna reciente detectó observaciones técnicas en 11 de los 13 radares: nueve operaban con deficiencias y dos estaban fuera de servicio. Según la Procuraduría General del Estado, el proyecto habría generado un daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos, equivalentes entonces a unos 128 millones de dólares.
También se estableció que el plazo inicial de ejecución era de 31 meses, pero siete modificaciones contractuales lo extendieron hasta 98 meses. Con esos antecedentes, el Ministerio de Defensa atribuye a los exministros responsabilidades vinculadas a la firma del contrato original y a sus modificaciones durante sus respectivas gestiones. Los delitos denunciados abarcan contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Al conocerse la apertura del caso, el exministro Ferreira, con quien arrancó el proceso de contratación de los radares, defendió el proyecto y su inocencia mediante una publicación en redes sociales en la que además cuestionó que se procese a Thales. A su juicio, esa acción busca “cerrar la posibilidad de que el proyecto funcione”, porque “la empresa francesa es la única que podría proveer los repuestos para que esos radares funcionen”.
“Difícil no creer que esto beneficiará a los que recaudan por permitir los vuelos de las avionetas del narcotráfico, que se pampean a libre albedrío por nuestro espacio aéreo, cuyo control tratamos de implementar con la Fuerza Aérea de Bolivia, a varios de cuyos oficiales también se acusa”, escribió.
El segundo proceso, que tiene como protagonista a Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo durante el Gobierno de Evo Morales y exdirectora de la UIF entre marzo de 2018 y la crisis política de 2019, se refiere a presuntas irregularidades en el manejo de información financiera y en el cumplimiento de sus funciones.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló que la UIF dejó de responder en 65 oportunidades a requerimientos de información de su despacho relacionados con investigaciones sobre posibles delitos financieros. De acuerdo con la autoridad, esas omisiones podrían haber beneficiado a personas con poder político o económico.
La denuncia comprende presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional. Morales negó las acusaciones y afirmó que durante su gestión no se dejaron de enviar informes al Viceministerio de Transparencia. Argumentó que los reportes se elaboraban a solicitud de fiscales y cuestionó que se le atribuyan actuaciones que, según ella, corresponderían a otros exdirectores de la UIF.
Teresa Morales fue una de las colaboradoras más cercanas del expresidente Morales. Tras su renuncia en 2019 y la caída del Gobierno en medio de acusaciones de fraude electoral, la exministra figuró entre las voceras del evismo que negociaron con la oposición la transición gubernamental durante la crisis política.
Más adelante se la ha visto en el círculo íntimo del expresidente, como defensora de la repostulación electoral. En su última aparición pública, a finales de septiembre, arengó a los seguidores del expresidente en su bastión cocalero: “Tenemos que recuperar el proceso de cambio (…) no podemos dejar que este gobierno continúe arrebatando nuestros derechos y haciendo reformas a la constitución que consoliden ese arrebato”.
Las próximas semanas serán decisivas para la situación judicial de los cinco exministros.
