APUNTE.COM.DO.- El Senado de Francia tiene previsto debatir y votar este martes un proyecto de ley que refuerza las sanciones contra quienes provoquen disturbios y daños materiales, junto con una enmienda del Ejecutivo que facultaría el bloqueo de plataformas digitales que no eliminen con celeridad contenidos que inciten a la violencia o a la insurrección.
La iniciativa, conocida como “el que rompe, paga”, busca agilizar la indemnización de las víctimas y reforzar la responsabilidad tanto civil como penal de las personas que causen destrozos en el marco de manifestaciones.
El texto nació a raíz de los disturbios y saqueos ocurridos durante las protestas del pasado 17 de octubre, y la comisión de Leyes del Senado le incorporó una docena de enmiendas que endurecieron sus disposiciones.
Entre las medidas contempladas figuran el uso de drones con fines judiciales, la suspensión de cuentas en servicios en línea y la posibilidad de embargar ciertas prestaciones sociales a quienes sean responsables de daños. Asimismo, las penas máximas de cárcel pasarían de uno a tres años y las multas se elevarían de 15.000 a 45.000 euros.
El proyecto también prevé extender la responsabilidad civil a las personas que permanezcan en el lugar de los destrozos pese a haber recibido una orden de dispersión, con la finalidad de facilitar la reparación de los daños.
Usuarios de la red social X detectaron numerosos saqueos en distintos comercios de ropa de varias ciudades francesas.
El tope de 10.000 euros previsto para los reembolsos por cada persona implicada en los daños generó críticas por considerarse insuficiente. No obstante, algunos legisladores advierten que elevar esa cifra podría exponer el proyecto a un riesgo considerable de inconstitucionalidad.
Los partidos de izquierda alertaron sobre las posibles consecuencias de la reforma para la libertad de manifestación. Quienes defienden la iniciativa sostienen, en cambio, que su objetivo es separar a los manifestantes pacíficos de quienes cometen delitos durante las protestas.
De forma paralela, el Gobierno presentó el lunes una enmienda que permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de plataformas digitales que no retiren contenidos ilícitos dentro de los plazos fijados.
La propuesta establece un plazo de una hora para eliminar publicaciones que inciten a atentados, a la insurrección o al uso de armas contra el Estado o contra una parte de la población.
Para otros contenidos que inciten directamente a delitos graves, como agresiones, robos y destrucciones capaces de provocar una alteración grave del orden público, la enmienda fija un plazo de hasta 24 horas para su retirada.
El Ejecutivo argumenta que las redes sociales pueden contribuir a la propagación de la violencia mediante la difusión de mensajes y convocatorias que favorezcan los saqueos y los enfrentamientos.
La reforma también ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial francés que recibe denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.
Sin embargo, la propuesta plantea dudas jurídicas. En 2025, el Consejo de Estado francés consideró desproporcionado el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de imponer restricciones en circunstancias excepcionales.
Tras su examen en el Senado, el Gobierno espera que el proyecto avance con rapidez en la Asamblea Nacional para responder cuanto antes a los episodios de violencia y saqueos registrados en el país.
