APUNTE.COM.DO.- Haití enfrenta una nueva crisis en su proceso electoral tras revelarse que la plataforma digital del Consejo Electoral Provisional (CEP) bloqueó más de 27 millones de intentos de registro fraudulento por parte de organizaciones políticas. El informe sobre el sistema digital sale a la luz cuando se espera que esta última semana de octubre se anuncie la nueva fecha para las elecciones presidenciales y legislativas.

Para que una agrupación política pueda presentar candidatos en Haití, el decreto electoral exige inscribir a 30,000 miembros verificados. Sin embargo, de las 105 organizaciones aprobadas, solo 36 han logrado cumplir con ese requisito, lo que ha generado un cuello de botella que, según el informe, no se debe solo a falta de organización, sino a un intento sistemático de burlar las reglas.

La plataforma del CEP tuvo que bloquear e invalidar una avalancha de registros irregulares. Se detectaron unos 16 millones de datos incompatibles, con nombres que no coincidían con el número de identidad, inconsistencias de género y datos distorsionados. Además, 5.8 millones de identidades fueron inventadas por organizaciones que crearon números de identificación falsos para inflar sus listas, y otros 5.3 millones de militantes se encontraron duplicados, es decir, los mismos ciudadanos registrados repetidamente por distintas agrupaciones. En total, el sistema rechazó más de 27 millones de intentos de inscripción fraudulenta.

Aunque la tecnología del CEP demostró efectividad para detener los datos falsos, las cifras revelan una práctica generalizada entre los actores políticos para forzar su participación. El aspecto más alarmante no es solo el intento de fraude, sino la impunidad institucional establecida en el decreto electoral vigente, que impone severas penas individuales, incluyendo cadena perpetua y multas millonarias por falsificación de documentos, pero no contempla sanciones ni descalificaciones directas para los partidos o grupos políticos que intentaron cometer fraude masivo. Ese vacío legal permite que organizaciones que intentaron manipular el sistema continúen en la contienda sin consecuencia alguna.Esta semana es crucial en Haití, un país que está a las puertas de conocer la nueva fecha para sus elecciones presidenciales y legislativas.

A la falta de transparencia partidaria se suma la incertidumbre de los electores y la cuestión logística. Al cierre del registro de votantes, solo 878,226 ciudadanos quedaron formalmente inscritos y habilitados para votar, una cifra preocupantemente baja para dar respaldo democrático a un nuevo gobierno. En contraste, la lista de aspirantes está saturada, con 17 candidatos a la presidencia, más de 330 al Senado y más de 1,100 a la Cámara de Diputados.

La fecha proyectada para una primera vuelta continúa en el limbo, porque el CEP aún no ha fijado una nueva fecha tras posponer la del 13 de diciembre, resultando inviable desde el punto de vista técnico. El organismo ha tenido que abrir rondas de negociación con el gobierno, mandos de seguridad y socios internacionales para rehacer el calendario.

Periodistas y analistas haitianos coinciden en que avanzar hacia unos comicios con millones de irregularidades detectadas, un electorado reducido y un marco legal que no castiga, sino que brinda impunidad a la trampa política, pone en riesgo la legitimidad del futuro gobierno. Los haitianos necesitan ir a votar cuando lo decida el CEP, pero se requiere un proceso transparente cuyos resultados sean respetados por la ciudadanía y la comunidad internacional. De lo contrario, millones de datos falsos empañarán las próximas elecciones, aún sin definir, en Haití.