APUNTE.COM.DO.- El Panel de Expertos de la ONU comunicó al Comité del Consejo de Seguridad para Haití que, durante inspecciones de municiones incautadas en Puerto Príncipe en 2026, se detectó que la banda «400 Mawozo» y distintos grupos delictivos de Bel-Air empleaban municiones que coincidían con las que habían sido desviadas de la Policía Nacional dominicana.
El desvío salió a la luz en 2024, cuando en el país vecino se incautaron varias cajas de munición de calibre 5,56x45 mm —5,000 cartuchos— "en poder de actores no estatales en Mirebalais, en el departamento del Centro".
Tras esa incautación, los expertos de la ONU alertaron a las autoridades de República Dominicana, que hicieron un inventario y establecieron que se habían desviado 908,001 unidades.
Del total de municiones robadas se determinó que faltaban más de 489,000 cartuchos de calibre 9 mm; 230,000 de 5,56x45 mm y 26,000 de 7,62x39 mm, además de 93,000 cartuchos para escopeta de calibre 12.
Según el Ministerio Público, los más de 900 mil proyectiles tienen un valor de 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos.
"Si bien resulta difícil calcular con precisión la cantidad de material que llegó a Haití, algunos expertos en seguridad dominicanos explicaron al Grupo de Expertos que, dado que el mercado de municiones de calibre 5,56x45 mm y 7,62x39 mm en la República Dominicana es bastante limitado, es probable que la mayor parte de este material fuera trasladado a Haití, ya que se trata de los dos calibres principales utilizados por las bandas delictivas", señala el panel en su informe.
En 2024, el Ministerio Público anunció el inicio de la Operación Pandora para detener a los implicados en el desvío de estas municiones de la Policía Nacional.
Por el caso fueron apresados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
También fueron detenidos el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, y la imputada Miguelina Bello Segura, quienes "fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal".
En este caso han sido condenados Marino Antonio Rodríguez Toribio, a quien se le impuso una pena de cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario, y se ordenó la clausura definitiva de la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L., representada por el encartado.
Además, se le impuso el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se dispuso el decomiso de los bienes que le fueron incautados.
Asimismo, Miguelina Bello Segura fue condenada a tres años de prisión. La sentencia establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y, durante el período de suspensión, acatar ciertas condiciones.
A juicio fueron enviados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, el capitán Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
Mientras están en juicio, a estos policías se les varió la prisión por una garantía económica de 500 mil pesos, mediante contrato de fianza a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
