APUNTE.COM.DO.- La ajustada contienda entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro por la Presidencia de Brasil se desarrolla tanto en las calles como en las plataformas digitales, donde ambos aspirantes han incrementado sus embates y han echado mano de la desinformación, aprovechando las indecisiones de la justicia electoral al momento de fijar reglas, límites y castigos.

La polarización política de cara a los comicios del próximo domingo se ha traducido, por un lado, en pleitos judiciales y, por otro, en una multiplicación de señalamientos, insultos y noticias falsas.

En numerosos casos, la inteligencia artificial ha servido para alterar y desfigurar hechos verídicos.

Circuló, por ejemplo, un video manipulado en el que el presidente Lula aparentemente lanza al suelo la bandera de Brasil después de votar en la primera vuelta. Otro video, que rebasó las 150.000 interacciones en X, alteraba un audio del senador Flávio Bolsonaro para hacer parecer que respaldaba recortes en los derechos laborales.

Encargado de conducir el proceso electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha recibido cuestionamientos de ambas partes, que le atribuyen parcialidad y lentitud para contener la desinformación en internet.

Según cifras del propio tribunal, desde julio se han abierto cerca de 100.000 procesos en los tribunales electorales de todo el país, de los cuales el 46 % ya fue examinado o se encuentra en análisis, lo que convierte a estos comicios en los más judicializados de la historia brasileña.

La gran cantidad de acciones ha dejado en evidencia la falta de criterios claramente definidos y la división entre los siete magistrados que integran el TSE, según explicó a EFE la abogada Laila Melo, integrante de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep).

«Vemos que los propios jueces están en conflicto sobre los criterios relativos a la desinformación en las redes. Hay divergencias internas, lo que nos deja con menos herramientas para mapear y prever resultados», señaló.

El tribunal está presidido actualmente por dos jueces designados por el expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro: Kássio Nunes Marques, al frente del colegiado, y André Mendonça, su vicepresidente.

La campaña de Lula sostiene que ambos magistrados favorecen a su adversario, con base en decisiones y trámites adoptados en los últimos días, como la suspensión temporal, el pasado 11 de octubre, de un grupo de una aplicación de mensajería denominado ‘Ejército de Lula’, que reunía a unos tres millones de usuarios.

Del lado bolsonarista, también se ha reprochado la lentitud de los tribunales para aplicar sus fallos.

Un caso fue la prohibición, dictada el día 11, de promocionar en redes sociales contenidos que vinculaban a Flávio Bolsonaro con el crimen organizado, así como de difundir propaganda de Lula en la que se afirmaba que su rival recortará los programas sociales.

Además de lidiar con la polarización, el tribunal se preocupa por frenar la propagación orgánica de desinformación proveniente de personas sin vínculos directos con las campañas.

«Muchas veces, las coordinaciones de los partidos pierden el control de lo que se publica porque hay células profesionales y aficionadas operando con independencia», afirmó Melo.

Aparte de la avalancha de acciones judiciales, las campañas tanto de Lula como de Bolsonaro acudieron a la justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos se veían perjudicados por las plataformas de Meta, la empresa tecnológica estadounidense que domina el mercado brasileño de redes sociales y mensajería.

Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, admitió en un comunicado la existencia de «incidentes técnicos» que afectaron las cuentas de Lula al tiempo que favorecían la recomendación algorítmica de su adversario, pero aseguró que ha adoptado medidas para subsanar las fallas.

De acuerdo con Laila Melo, las empresas tecnológicas se han mostrado «colaborativas» en la retirada de contenidos y en la elaboración de planes para «mitigar la desinformación» de los usuarios, en cumplimiento de los acuerdos pactados con el TSE.

«Pero ¿cómo se debe actuar cuando es la propia ‘big tech’ la que está impulsando este desvío de información?», cuestionó la jurista. «Esto es grave, porque ya no actuaría como un telón de fondo, sino como un actor», indicó.