APUNTE.COM.DO.- Un grupo de profesionales agropecuarios solicitó al presidente Luis Abinader que interceda ante el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para que les sean entregados los títulos de propiedad y se les permita disponer físicamente de los terrenos que, según afirman, pagaron hace 27 años.

En una entrevista con este medio, los afectados relataron que compraron solares de aproximadamente 250 metros cuadrados cuando el CEA lanzó el proyecto de venta, con la expectativa de adquirir un solar para empezar a construir sus viviendas. No obstante, sostienen que esa ilusión se desvaneció pese al esfuerzo que hicieron para reunir el dinero, y que 27 años después sus títulos siguen sin aparecer.

“Cuando el CEA salió con el proyecto de venta, nosotros abrigamos la esperanza de comprar un solarcito para comenzar a hacer nuestra casita aunque fuera block a block, sin embargo todas nuestras esperanzas se desvanecieron, ¿por qué? Porque con mucho sacrificio buscamos el dinero y 27 años después que estamos viejos todos, nuestros títulos no aparecen. Entonces exigimos que se nos entreguen nuestros títulos y que no se entreguen también nuestros solares en físico”, expresó uno de los afectados.

Enerolisa Simón, integrante de la comisión, explicó que en un inicio fueron asignados 1,068 solares en los proyectos denominados Susan I, Susan II y Susan III, situados en la avenida de las Américas, en las proximidades del Club de Aduanas. Más adelante, 592 profesionales fueron reubicados en terrenos cercanos a La Caleta, concretamente en el kilómetro 22 de esa vía.

Simón señaló que los beneficiarios hicieron distintos pagos al CEA, entre ellos montos para la adquisición de los terrenos y para la apertura de caminos en una zona que, según describió, carecía de servicios básicos. Afirmó que el grupo ha desembolsado millones de pesos sin que se le haya dado una solución definitiva a su reclamo.

Los representantes de la comisión aseguraron que los profesionales han pagado al CEA alrededor de 60 millones de pesos por los terrenos. Detallaron que, en principio, entregaron 6 millones de pesos como adelanto y otros 2 millones para la apertura de caminos en los solares, que en ese momento no contaban con servicios y estaban cubiertos de rocas.

Posteriormente, indicaron, saldaron el costo de los terrenos y además destinaron más de ocho millones de pesos para contribuir al pago de los títulos de los agropecuarios, sin que hasta ahora hayan recibido la documentación que reclaman.

Por su lado, el ingeniero Danilo Severino manifestó que estos proyectos presentan situaciones particulares, entre ellas retrasos burocráticos, problemas de ocupación de terrenos y dificultades para completar los procesos de titulación. Indicó que, aunque algunos beneficiarios han avanzado en la regularización de sus propiedades, otros siguen esperando.

Junto a Severino, el ingeniero Julio A. Peña informó que los profesionales se han dirigido en varias ocasiones al CEA para obtener información sobre sus expedientes, pero sostienen que no reciben respuestas claras acerca del proceso ni de los pasos que faltan para obtener sus títulos.

Peña Rubio sostuvo que algunos de los beneficiarios han fallecido sin que su situación se resolviera, mientras otros han envejecido aguardando poder disponer legalmente de los terrenos que adquirieron. Por esa razón, insistió en que las autoridades deben acelerar la solución y establecer un canal de información efectivo para los afectados.

Ramón Alvarado, otro de los integrantes, pidió en nombre de los profesionales que sus casos sean incluidos en los programas de titulación que impulsa el Gobierno y que se instruya a las instituciones correspondientes a cumplir con los compromisos asumidos.

Además de los títulos, reclaman la entrega física de los solares, ya que aseguran que algunas porciones permanecen ocupadas por terceros.

Ramón Alvarado advirtió que, si no obtienen respuestas, contemplan acudir a acciones legales y movilizaciones, siempre dentro del marco de la ley.

Los representantes aclararon que su objetivo principal es conseguir los documentos de propiedad y la posesión de los terrenos, para poner fin a una espera que, según afirmaron, se ha prolongado durante casi tres décadas sin una respuesta definitiva.