APUNTE.COM.DO.- Durante esta semana, decenas de viviendas, comercios y verjas perimetrales fueron derribadas con equipos pesados y bajo una fuerte presencia militar como parte de los desalojos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ampliar la carretera que une Jarabacoa con el municipio de La Vega.

Los residentes de la zona describieron el accionar de las autoridades como “arbitrario” y “atropellante”, y señalaron que solo hace 20 días recibieron la primera comunicación formal. Según denuncian, se les presiona para que firmen y entreguen sus terrenos por los montos que el MOPC determina de forma unilateral.

De acuerdo con los afectados, quienes no aceptaron ceder sus inmuebles en el primer encuentro han recibido amenazas de demolición, advertencia que en varios casos ya se materializó.

“Ellos vinieron y mandaron un papel el día 30 de septiembre. El jueves de la semana pasada convocaron a una reunión a los notificados, ofreciéndoles el monto que consideraban para que firmaran. A los tres días, vinieron a desbaratarle la casa a quienes no firmaron”, relató Diomedes Marte, uno de los moradores del área.

Marte contó que su vivienda se salvó de ser demolida porque un conocido intervino al pasar por el lugar. En cambio, la casa de su vecino fue destruida sin que este tuviera conocimiento previo.

“Al vecino se la tiraron abajo prácticamente. Una casa de dos plantas por la que le ofrecían solo 1,800,000 pesos. Le sacaron las pertenencias y le destruyeron la vivienda. La comunidad tuvo que ayudarlo a llevar sus trastes donde un familiar en la ciudad”, narró Camilo Marte, hijo de don Diomedes.

Los comunitarios denunciaron que el MOPC pretende pagarles el metro cuadrado de tierra a RD$1,200, pese a que su valor real de mercado en la zona se ubica entre RD$4,000 y RD$5,000.

“Aquí nadie se opone a la ampliación; de hecho, estamos contentos porque representa avance para nuestra comunidad y esa vía está muy arrabalizada. Lo malo es la forma en que lo están haciendo”, sostuvo Marte.

“¿Cómo es posible que a mi papá, a quien le costó 50 años hacer su casita, vengan a desbaratársela notificando solo 15 días antes, sin evaluar correctamente, sin pagar y sin decirnos hacia dónde nos van a movilizar mientras tanto?”, cuestionó.

Los moradores del tramo en remodelación afirmaron que la prisa por derribar las estructuras obedece al retraso acumulado en la obra y a una visita del presidente Luis Abinader prevista en la zona, información que les reveló uno de los propios ingenieros a cargo.

“En el Ministerio de Obras Públicas alguien nos dijo: 'Excusen, sabemos que esta no es la mejor forma, pero el ministro está presionando al ingeniero porque el presidente Abinader viene para acá'”, contaron las víctimas.

Asimismo, denunciaron que la institución estatal rechaza las tasaciones particulares hechas por los propietarios y los obliga a aceptar únicamente los avalúos realizados por los tasadores oficiales de la entidad.

José Lajara, propietario de Recursos Ferreteros, es uno de los comerciantes afectados por las intervenciones. Explicó que hace menos de un mes recibió la notificación para negociar el terreno frontal de su establecimiento y mantuvo varias reuniones para intentar alcanzar un acuerdo.

No obstante, sin autorización previa, sin plazos concedidos y sin un plan de traslado concretado, cuadrillas del MOPC derribaron con maquinaria pesada la pared frontal de su empresa.

“Este atropello no se puede pasar por alto. Si a mí me dicen qué es lo que el Estado puede ofrecer y me dan cinco meses para moverme, uno entiende que las cosas van en serio. Pero no puedes venir un lunes para que yo me mude el martes y venir a romper al día siguiente”, protestó Lajara.

Tras la demolición del muro frontal, Lajara tuvo que improvisar una verja con alambre de púas para proteger la mercancía que las autoridades dejaron expuesta. Ahora deberá reconstruir la tienda y reubicar su almacén en otro solar.

“Es una acción arbitraria y descabellada contra un negocio que genera casi 30 empleos, que tributa correctamente y que opera con facturación electrónica desde hace un año. El capital expuesto es ajeno; nosotros manejamos operaciones y cuidamos el dinero del banco y de los suplidores”, agregó.

La incertidumbre embarga a decenas de propietarios y comerciantes a lo largo de la vía La Vega-Jarabacoa, quienes temen que las maquinarias destruyan sus inmuebles en cualquier momento por no haber firmado los convenios del MOPC.