APUNTE.COM.DO.- Yamil Abreu Navarro, exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), abandonó la prisión el viernes pasado en territorio estadounidense después de haber permanecido seis años privado de libertad, luego de reconocer su participación en una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia ese país.

Las actas judiciales de la audiencia celebrada tres días atrás respaldan esa situación: el juez Seth D. Eichenholtz le otorgó la libertad condicional mediante una fianza garantizada de 350,000 dólares, cifra que equivale a unos 21 millones de pesos dominicanos.

"Se informó al acusado sobre las condiciones de la fianza establecidas por el Tribunal, y este firmó el documento. Dos fiadores prestaron juramento, fueron informados sobre sus obligaciones y firmaron el acuerdo de fianza", señala la resolución judicial.

Abreu Navarro había sido apresado en la República Dominicana el 9 de junio de 2020, poco tiempo después de finalizar su labor como director de la Junta Municipal de Las Lagunas, en la provincia Azua, cargo al que accedió en la boleta del PRM.

En aquel momento, la organización política difundió un comunicado mediante el cual se desmarcó de sus actuaciones y rechazó cualquier hecho ilícito: "Cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado; las conductas criminales o antijurídicas son repudiadas por nuestra organización", expresó el partido al día siguiente de la detención.

El 28 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 414-20 con el cual se autorizó la extradición de Abreu Navarro, a pedido de un tribunal del Distrito Este de Nueva York; el trámite se concretó siete meses después de que el Estado dominicano recibiera la solicitud.

El exfuncionario se declaró culpable ante las autoridades de Estados Unidos el 12 de octubre de 2022 por dos cargos: conspiración para distribuir heroína y distribución de heroína. Cuatro años después de esa confesión, el tribunal estadounidense todavía no ha emitido la sentencia definitiva en su contra.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señaló a Abreu Navarro como la cabeza de una red internacional de narcotráfico con lazos directos con el Cártel de Sinaloa, en México.

De acuerdo con las investigaciones, la organización actuaba entre México, la República Dominicana y Estados Unidos, y se dedicaba al tráfico de heroína, al lavado de activos y a transferencias ilícitas de capitales.

Los informes oficiales indican que sus actividades delictivas se registran desde agosto de 2002, cuando las autoridades neoyorquinas procesaron a José Dolores Alcántara y María de los Remedios de la Rosa Florián con un cargamento de 9.24 kilos de heroína. Las pesquisas establecieron que Abreu Navarro dirigía esas operaciones desde suelo dominicano.

También se le atribuye haber coordinado en noviembre de 2016 una transacción de 50,000 dólares para el envío de dos kilos de heroína a Nueva York, así como el despacho de otros cuatro kilos hacia El Bronx en 2017.

Abreu Navarro fue el primer dirigente político dominicano extraditado durante la gestión del presidente Abinader. Después de su caso se produjeron las extradiciones de otras figuras del oficialismo, como el exdiputado por La Vega, Miguel Gutiérrez, y el exregidor del Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, quienes también fueron procesados en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico tras declararse culpables.

La concesión de la libertad bajo fianza, o libertad condicional, como medida de coerción dentro de un proceso judicial conlleva una serie de compromisos y condiciones legales para el imputado, en este caso Yamil Abreu Navarro.

Esta figura permite al procesado salir de la prisión preventiva mientras el proceso continúa o mientras se completan las condiciones impuestas por la corte.

El monto fijado o las condiciones acordadas buscan garantizar que la persona no evada la justicia y comparezca a todas las audiencias y requerimientos judiciales que se le notifiquen.

Encontrarse en libertad bajo fianza no equivale a una exoneración ni a una absolución del caso. Supone el cumplimiento estricto de las medidas.

Por ejemplo, existe prohibición o limitación para salir de una jurisdicción o país determinado (con retención de documentos de viaje como el pasaporte) sin autorización previa del juez.

También implica la obligación de firmar un libro de asistencia o reportarse de manera regular ante el tribunal o las autoridades designadas.