APUNTE.COM.DO.- Marlinis Aliendres recibió un mensaje de su esposo, Junior Puerta, que decía: “Mi amor, avísale a todos, ya voy a casa”. Creyó que la pesadilla terminaba, pero el vuelo nunca partió y el reencuentro no se produjo. Ocho meses después de que agentes migratorios detuvieran a Puerta, y tres meses después de que él firmara una orden de salida voluntaria con destino a Venezuela, la situación sigue igual.
“Lo único que quiero es volver a mi vida normal, volver a comer bien, volver a dormir bien, dejar de admirar cómo otras parejas van juntas a ciertos lugares y nosotros desde hace ocho meses lo dejamos de hacer, ver cómo otros padres están con sus hijos y la mía no puede estar cuando mi esposo no ha hecho absolutamente nada mal”, relata Aliendres.
En febrero, Puerta conducía de regreso a su casa cuando fue detenido en una parada de tránsito. Según el relato de su esposa, un agente revisó sus documentos y le dijo que estaba bien, pero otro agente se llevó su identificación y su permiso y le informó que sería procesado. “Y ahí, en ese momento, empezó nuestro infierno”, cuenta Aliendres.
La detención se produjo meses antes de que ICE emitiera nuevas directrices para sus agentes sobre las intervenciones vehiculares. Esas normas exigen capacitación específica, vehículos equipados con luces y sirenas y cámaras corporales activadas, y prohíben las persecuciones cuando un conductor no se detiene.
Las medidas fueron adoptadas tras varias detenciones vehiculares controvertidas que derivaron en tiroteos, algunos mortales, y en medio de un debate interno en la administración Trump sobre el uso de estas intervenciones para reforzar los arrestos migratorios.
Las directrices limitan su ejecución a agentes de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) que hayan completado uno de los seis cursos de capacitación autorizados, tanto para detenciones tradicionales como para operativos de seguimiento considerados de alto riesgo o vinculados con delitos graves.
La pareja llegó a Estados Unidos en 2020 e ingresó legalmente con visas de turismo. Ambos, procedentes de Venezuela, solicitaron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Un año después pidieron asilo y continuaron el proceso con acompañamiento legal. “Una cosa es ser inmigrante y otra cosa es ser indocumentado y nosotros jamás estuvimos indocumentados en los Estados Unidos”, afirma Aliendres.
Junior forma parte de los más de 741.870 inmigrantes a quienes jueces de inmigración ordenaron su expulsión. Las salidas voluntarias representaron el 83,5 % de los casos concluidos hasta agosto de 2026, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación no partidista de la Universidad de Syracuse.
