APUNTE.COM.DO.- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, sostuvo este sábado su primera conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desde que se produjo el arresto de un marine estadounidense sospechoso de haber matado a una mujer en Okinawa y desde que Washington impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), organismo presidido por la magistrada japonesa Tomoko Akane.
La llamada, que se extendió unos 15 minutos y comenzó a las 21:45 hora local (12:45 GMT), sirvió para que Motegi abordara el asesinato de una mujer en la prefectura insular de Okinawa. Rubio, por su parte, expresó sus condolencias y ratificó la «firme determinación» de cooperar con las autoridades japonesas en el marco de la investigación, de acuerdo con comunicados difundidos por ambas partes.
Asimismo, el jefe de la diplomacia japonesa transmitió la posición del Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi respecto a las sanciones contra el tribunal con sede en La Haya. La propia primera ministra había señalado previamente que Japón estaba «profundamente preocupado» por unas medidas que describió como «incompatibles».
Aunque ambos coincidieron en la necesidad de mantener una «estrecha comunicación», el secretario de Estado estadounidense subrayó que las sanciones son necesarias «debido a sus acciones arbitrarias que amenazan la soberanía estadounidense».
Pese a esas diferencias, los dos ministros acordaron seguir trabajando de forma conjunta para afianzar la alianza entre Tokio y Washington, en un contexto de «seguridad complejo», y para promover la cooperación bilateral en un amplio abanico de áreas.
La conversación se produjo después de que el arresto de un marine de 20 años destinado en la base de Futenma, acusado de presuntamente matar y robar a una mujer de 39 años, desatara una ola de indignación en Okinawa. Las autoridades locales han exigido medidas contra la violencia de los soldados, incluida una revisión del acuerdo sobre tropas, mientras que las fuerzas estadounidenses establecieron un toque de queda.
A las protestas japonesas por este caso se sumó la crítica por las sanciones contra la CPI, en el marco de la campaña de Washington para desmantelar el tribunal. Esas medidas fueron anunciadas el mismo día en que el Nobel de la Paz fue concedido a una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay, en medio de las críticas de Estados Unidos e Israel.
