APUNTE.COM.DO.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Truth Hounds (TH) y la Oficina Internacional de Kazajstán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR) presentaron en abril un informe que responsabiliza a Rusia de operar una red mundial de trata de personas destinada a captar individuos vulnerables mediante coacción o engaño.

La investigación, titulada "¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas? La explotación rusa de combatientes extranjeros en su guerra contra Ucrania", se sustenta en nueve meses de trabajo y en entrevistas a al menos 16 prisioneros de guerra (POW), además de consultas con expertos militares y en derechos humanos, y el análisis de investigaciones de fuentes abiertas.

Los datos recabados abarcan reclutamientos ocurridos entre 2023 y 2026. Se estima que de Asia Central fueron alistadas unas 10.000 personas; del sur de Asia, 1.800; de África, entre 1.700 y 4.000; y de América Latina, entre 1.000 y 8.000. La inteligencia ucraniana señala que hay al menos 27.000 soldados extranjeros provenientes de 130 países.

El informe destaca que entre los países latinoamericanos con combatientes en la guerra figuran Brasil, Cuba, Argentina y Colombia.

"El informe concluye que las prácticas de reclutamiento aquí documentadas respaldan la determinación de que Rusia es responsable de operar una red mundial de trata de personas dirigida a individuos vulnerables mediante coacción o engaño", escribieron los autores.

La responsabilidad, según el documento, deriva tanto del reclutamiento directo orquestado por el Estado dentro de Rusia como de la omisión de las autoridades rusas para prevenir, investigar y perseguir las redes transnacionales de reclutamiento que operan en su beneficio.

El informe relata que, tras sufrir enormes bajas en el campo de batalla durante el primer año de su agresión contra Ucrania en 2022, "la cúpula rusa se enfrentó a un dilema estratégico: cómo mantener la campaña militar sin recurrir a otra movilización parcial", que ya había llevado a cientos de miles de ciudadanos rusos a abandonar el país para evitar el reclutamiento forzoso.

La decisión fue optar por un sistema de reclutamiento institucionalizado que combina el alistamiento de voluntarios con la "captación abusiva de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad socioeconómica" para integrarlos en las Fuerzas Armadas de Rusia (FAR) mediante contratos temporales.

A partir de 2022, según el documento, se intensificaron las redadas en residencias de migrantes, lugares de trabajo y mezquitas dentro de Rusia, "presentándose la firma de un contrato militar como alternativa a la deportación, el procesamiento penal o la detención prolongada".

El informe determinó que en 2023 Rusia institucionalizó el reclutamiento de extranjeros mediante modificaciones a la legislación sobre el servicio militar. Para esa fecha, amplió la posibilidad de que los ciudadanos extranjeros firmaran contratos con el Ministerio de Defensa (MoD) al flexibilizar los límites de edad, así como los requisitos de residencia y de conocimiento del idioma ruso.

Además de la presión administrativa, el informe señala otras formas de coacción dirigidas contra migrantes de Asia Central y de otras procedencias, "tales como la confiscación de documentos, la fabricación de cargos penales, las golpizas y actos constitutivos de tortura".

Las operaciones de reclutamiento y traslado dirigidas a ciudadanos extranjeros fuera de Rusia se han basado en una combinación de redes transnacionales en las que "participan tanto actores estatales como no estatales".

Para América Latina, las redes operan a través de plataformas como Facebook, Telegram o LinkedIn, lo que permitió que entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 "aumentara un 30% el número de combatientes".

Las organizaciones ofrecen empleos de construcción, personal de almacén, guardias de seguridad o conductores, entre otros. Asimismo, señalan que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha aprobado numerosas emisiones de visados de turista desde 2023 hasta la fecha.

"El alcance global de esta campaña de reclutamiento no es casual. Refleja la estrategia de Rusia de diversificar y ampliar su reserva de combatientes disponibles mediante un cambio deliberado de política tras el inicio de su invasión a gran escala en 2022", explican.

El documento señala que Rusia ofrece la ciudadanía a cambio del servicio militar, incentivos económicos sustanciales que rondan entre los 1.700 y 2.000 dólares, además de "sistemas de recompensa para reclutadores privados e institucionales por captar con éxito a ciudadanos extranjeros".

Para obtener la ciudadanía deben completar un año de servicio militar, pero de acuerdo a las estimaciones, las personas solo sobreviven unos 150 días tras el despliegue.

Las entrevistas se realizan todas por internet; se ofrece visado, si se necesita; pasaje aéreo, estadía y los beneficios económicos. Las personas llenan formularios y envían sus documentos (como fotos y pasaportes) a través de esta vía. Se les ofrece pago de pasaje, estadía, entre otros beneficios.

Una vez en el aeropuerto de Rusia, las personas son recogidas y llevadas a centros de reclutamiento militar o a bases militares; allí se les presentan contratos en ruso, a menudo sin ninguna explicación y "en circunstancias que hacían imposible negarse, como amenazas, palizas y otras formas de acoso".

Indican que solo tras firmar el contrato descubren de qué se trata, ya que reciben un entrenamiento de algunas semanas y son desplegados en el frente.

En su mayor parte, estos combatientes han sido asignados a operaciones de alto riesgo conocidas como "asaltos de carne", contribuyendo así a la expansión de la ocupación territorial rusa en Ucrania.

Dentro de los testimonios citan conversaciones con jóvenes latinos, incluso contratados por LinkedIn. También en Brasil se habla