APUNTE.COM.DO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) expresaron este lunes su respaldo a la propuesta de extender a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, que regulan el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La iniciativa fue presentada ante el Senado de la República por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y busca modificar el artículo 31 de la Ley núm. 44-26 con el fin de ampliar el período de adecuación de las empresas ante las nuevas obligaciones.
Mediante un comunicado, ANJE indicó que la propuesta recoge parte de las inquietudes que ha presentado desde 2025, entre ellas la necesidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cuenten con una regulación diferenciada y proporcional.
El gremio empresarial sostuvo que el plazo de adecuación de tres meses, que vence el próximo 5 de noviembre, no permite a las empresas cumplir de manera real y efectiva con las nuevas exigencias ni asumir los costos que implica el nuevo estándar de cumplimiento.
En ese sentido, exhortó a las instituciones del sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a desarrollar programas de formación y modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño, la actividad y el nivel de riesgo de cada empresa.
El presidente de ANJE, Boris De León Reyes, afirmó que la norma penal debe ser precisa e inequívoca y que su aplicación requiere reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación.
ANJE también llamó al Congreso Nacional a conocer con prioridad la iniciativa antes de que venza el plazo de vacatio legis dispuesto por la Ley núm. 44-26, a fin de aprovechar el período para promover un diálogo entre los distintos sectores involucrados que permita realizar los ajustes necesarios para garantizar mayor seguridad jurídica, proporcionalidad y una implementación ordenada del régimen.
De su lado, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldó la ampliación del plazo y sostuvo que las compañías del sector necesitan más tiempo para fortalecer sus controles internos y adecuarse a las nuevas exigencias.
A través de un comunicado, su presidente, Freddy González Estrada, afirmó que la iniciativa facilitaría una transición ordenada y permitiría preparar al sector de la seguridad privada para cumplir con las obligaciones previstas en el nuevo régimen.
Según explicó la entidad, la propuesta establece que las disposiciones de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entren en vigor 24 meses después de la publicación de la eventual ley, en sustitución del plazo de tres meses contado desde el 5 de agosto de 2026.
González Estrada señaló que las empresas de vigilancia deberán revisar sus protocolos operativos, definir las responsabilidades de dirección y supervisión, capacitar a su personal y documentar los mecanismos destinados a prevenir delitos.
La asociación indicó que respalda la modernización de la legislación penal, pero planteó que su aplicación debe ser proporcional y permitir distinguir entre las deficiencias de organización de una empresa y las actuaciones individuales que contradigan sus instrucciones y protocolos.
González Estrada recordó que Adesinc examinó estas inquietudes en agosto, durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, con la participación del jurista Francisco Álvarez y representantes del sector.
Según explicó, en ese encuentro se planteó la necesidad de precisar el alcance de la responsabilidad corporativa, la legítima defensa y el uso de la fuerza.
El dirigente propuso aprovechar el período de adaptación para ofrecer formación y asistencia técnica a las empresas y a las instituciones encargadas de aplicar las disposiciones.
De acuerdo con Adesinc, la iniciativa contempla acciones de preparación a cargo de organismos del sistema de justicia y entidades reguladoras, así como modelos de cumplimiento ajustados al tamaño, la actividad y los riesgos de cada organización. González Estrada destacó que ese acompañamiento sería especialmente necesario para las compañías con menos recursos.
La asociación precisó que el aplazamiento propuesto se limita al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y que no alteraría la entrada en vigor de las demás disposiciones del Código Penal ni las responsabilidades individuales, civiles o administrativas.
