APUNTE.COM.DO.- El Ministerio Público dominicano sostiene que un exjuez separado de sus funciones por irregularidades en el manejo de expedientes de narcotráfico y lavado de activos pasó a formar parte del entramado jurídico que una organización criminal utilizaba para ocultar bienes, simular operaciones inmobiliarias y dar apariencia legal a una fortuna que, según las autoridades, se habría acumulado mediante el tráfico internacional de cocaína.
Se trata de Teodoro Castillo, conocido también como Adriano, quien se desempeñó como juez de la Instrucción de Higüey hasta el 20 de abril de 2005, fecha en que la Suprema Corte de Justicia ordenó su destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Veintiún años después, su nombre aparece entre los 22 imputados de la Operación Rompeolas, el operativo con el que las autoridades desarticularon una estructura a la que atribuyen haber trasladado más de siete toneladas de cocaína hacia Puerto Rico, con movimientos económicos calculados en unos US$140 millones cada año.
Según la acusación, el exmagistrado no tenía participación directa en el envío de los cargamentos, sino en el uso de instrumentos legales para esconder a los verdaderos dueños de bienes adquiridos con recursos que presuntamente provenían del narcotráfico.
Castillo entró al Poder Judicial el 2 de julio de 1998 y se mantuvo en la institución hasta el 20 de abril de 2005, cuando fue separado mediante la sentencia disciplinaria número 11 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Su última posición fue la de juez del Juzgado de la Instrucción de Higüey, en la provincia La Altagracia.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, su salida del Poder Judicial estuvo vinculada al manejo irregular de expedientes por narcotráfico y lavado de activos, entre ellos decisiones de no ha lugar en dos procesos en los que estaban involucrados seis extranjeros.
En el documento aparecen los nombres de Leone Ghhirardato, Seddik Abdemadek y Thomas Ninhaus, vinculados a procesos de narcotráfico, así como Dragoslav Yllic, Tony y Dejean Trisic, relacionados con lavado de dinero.
La Procuraduría Especializada Antidrogas incorporó como elementos de prueba una certificación del Consejo del Poder Judicial, emitida el 19 de noviembre de 2026, y la sentencia disciplinaria que dispuso su destitución.
Tras dejar el Poder Judicial, Castillo siguió ejerciendo como abogado y notario, labores desde las cuales, según los investigadores, habría terminado prestando servicios a la organización que supuestamente dirigían los hermanos Fausto y Yovani Candelario.
La acusación señala que su participación habría abarcado la preparación de documentos, contratos de préstamos, hipotecas presuntamente simuladas y operaciones inmobiliarias con las que bienes de los dirigentes de la estructura eran registrados a nombre de terceros.
Los fiscales también le atribuyen la elaboración de mecanismos jurídicos orientados a evitar que los prestanombres pudieran disponer libremente de las propiedades que aparecían a su nombre.
De ese modo, según el expediente, la organización habría logrado conservar el control real de los bienes sin que sus principales dirigentes figuraran necesariamente como propietarios ante los registros oficiales.
El Ministerio Público entiende que esa función convertía al exjuez en un facilitador profesional del presunto lavado de activos, actividad que exigía conocimientos legales para estructurar y documentar las operaciones patrimoniales.
La investigación también incluye documentos que lo vinculan de manera directa con operaciones patrimoniales de Fausto Candelario Ortiz.
Durante uno de los allanamientos realizados el 19 de noviembre de 2026, las autoridades hallaron en una caja fuerte varios contratos de compraventa de inmuebles firmados ante el exjuez, en su condición de notario público de Higüey.
Entre esos documentos figuran dos operaciones entre la compañía Agropecuaria MIYU, C. por A., y Fausto Candelario Ortiz: una con fecha del 8 de enero de 2024, por US$72,000, y otra del 20 de febrero de 2025, por US$358,956.
Ambos contratos suman operaciones por US$430,956, aunque la existencia de esas transacciones no prueba por sí sola que los recursos utilizados fueran ilícitos.
El expediente menciona además documentos legalizados por Castillo relacionados con propiedades y actividades de Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, empresa que los fiscales identifican como uno de los principales instrumentos usados para movilizar y administrar recursos de la organización.
La acusación atribuye al exjuez participación en gestiones relacionadas con bienes que presuntamente beneficiarían a Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias Willy Pachá, regidor de Higüey señalado como antiguo chofer y hombre de confianza de Fausto Candelario Ortiz.
Según el Ministerio Público, el 23 de septiembre de 2022 Fausto coordinó con Castillo la colocación de una vivienda a no