APUNTE.COM.DO.- La Fiscalía de Bolivia presentó este viernes una solicitud de seis meses de prisión preventiva en contra del ex procurador general Roger Mariaca y otras tres personas detenidas, a quienes se les atribuye formar parte de una supuesta red vinculada al narcotráfico y la organización criminal.
El Ministerio Público imputó formalmente a Mariaca, a Alberto Zeballos, a Martín Irusta y al agente policial Rubén Aparicio por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La petición del ministerio fiscal plantea que los acusados permanezcan bajo custodia mientras prosiguen las investigaciones, en los recintos penitenciarios de San Pedro y Patacamaya.
El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dio a conocer la solicitud de prisión preventiva durante una sesión de la Asamblea Legislativa. El anuncio se produjo en medio de una crisis institucional en el Ministerio Público, tras la captura de Mariaca, quien ejercía como fiscal general desde 2024 y tenía un mandato de seis años.
La aprehensión del fiscal general generó una disputa sobre quién debía asumir la conducción de la Fiscalía. En la mañana posterior a la detención, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante medios locales como titular interino de la institución y afirmó que le correspondía desempeñar esa función por ser el fiscal de mayor antigüedad.
El Ministerio Público reconoció inicialmente su titularidad mediante un comunicado. Sin embargo, el Gobierno cuestionó esa decisión y rechazó que Montaño pudiera ocupar el cargo de forma provisional en esas circunstancias.
El vocero presidencial José Luis Gálvez pidió en un primer momento esperar una definición de las autoridades competentes. No obstante, horas más tarde adoptó una postura más enérgica y denunció que Montaño se atribuyó funciones que no le correspondían.
"Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general", declaró Gálvez en una conferencia de prensa. El portavoz sostuvo que Montaño intentó destituir fiscales y cerrar el sistema institucional para impedir la recepción de denuncias.
Gálvez también exhortó a la población a manifestar su rechazo contra las autoridades que, según dijo, buscaron asumir competencias sin respaldo legal. "Esta persona está siendo buscada y será detenida porque también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia", expresó.
La legislación boliviana establece que, ante una ausencia temporal del fiscal general, el funcionario de mayor antigüedad puede asumir de manera transitoria. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional indicaron que la detención de Mariaca constituyó una situación excepcional y consideraron que la Asamblea Legislativa debía intervenir para definir la sucesión.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, intensificó las acusaciones del Ejecutivo contra Mariaca. "Esto es blanco y negro, aquí ya no hay gris", afirmó. El Gobierno sostuvo que el fiscal general encabezó una "organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país".
Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui reclamó una definición institucional inmediata si se confirmaba un vacío de poder en la Fiscalía. La legisladora afirmó que la Asamblea debía elegir cuanto antes a un nuevo titular para "devolverle la credibilidad" al Ministerio Público y evitar que quedara sometido "a ningún gobierno".
La crisis también provocó movimientos dentro de la Fiscalía de La Paz. Luis Carlos Torrez, fiscal departamental de esa jurisdicción, presentó su renuncia después de que la Policía registró oficinas de la institución. Los agentes mantuvieron acordonado el edificio mientras continuaron las actuaciones vinculadas a la causa.
(Con información de Europa Press)
