APUNTE.COM.DO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección de Marco Rubio, anunció sanciones contra funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entre los nombres más relevantes de la lista figura el fiscal general boliviano, Roger Rider Mariaca Montenegro.
Mariaca fue nombrado en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS), que en ese entonces dividía sus lealtades entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Su mandato se extiende hasta 2030, a menos que se tome alguna acción.
El fiscal general tiene una larga trayectoria en Santa Cruz de la Sierra, donde se desempeñó como fiscal durante años y, según fuentes, construyó diversos vínculos. En esa ciudad, en el barrio Las Palmas, se refugió durante años el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado por autoridades bolivianas con asistencia de la DEA y trasladado de inmediato a Estados Unidos. Mariaca ya no era fiscal en ese lugar en ese momento.
En el comunicado donde se anuncia la revocación de visas a decenas de funcionarios de la región, la Casa Blanca dedica dos párrafos explícitos al fiscal general boliviano:
“El Departamento de Estado también está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa. Esta medida hace que Mariaca y los miembros de su familia inmediata sean, en general, inelegibles para ingresar en Estados Unidos”.
“Mariaca, elegido en 2024 para un término de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al mismo tiempo que socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, que como participante del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”.
Las sospechas apuntan a dos particularidades concretas: que Mariaca habría brindado protección a Marset, entre otros, y que el narcotraficante uruguayo habría comenzado a colaborar con la justicia estadounidense. Esto genera nerviosismo en otras dependencias bolivianas ante la posibilidad de que surjan más nombres.
Ayer, Mariaca intentó defenderse de las acusaciones, esgrimiendo los argumentos de “injerencia” e “interferencia”. El gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, declaró que los acusados deberán comparecer ante la Justicia, sistema del cual Mariaca es una pieza clave. El anuncio fue realizado por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Oviedo.
La lista boliviana de sancionados la integran: Martín Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del Departamento de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal Departamental de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz; Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal Superior y exfiscal Departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado Constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; José Luis Iriarte Cussi, empresario.
En su comunicado del 15 de septiembre, el Departamento de Estado había sido claro en su advertencia: “Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos -incluyendo legisladores, fiscales, jueces, y cualquier otro funcionario- para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico”. Ahora queda que los resortes institucionales bolivianos comiencen a actuar, porque el reloj corre.
La embajada de Estados Unidos en La Paz, encabezada desde hace pocas semanas por la Encargada de Negocios Amanda Porter, emitió un duro comunicado el pasado 15 de septiembre en el que afirmó: “No toleramos la narco-política en el hemisferio y nadie está exento”. Esta delegación trabaja en recomponer los vínculos entre ambos países tras 17 años de distanciamiento, iniciado cuando Evo Morales expulsó a los diplomáticos estadounidenses para acercarse a Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China. Múltiples fuentes aseguran que esta ruptura no fue únicamente por cuestiones ideológicas, sino que además sirvió para facilitar la expansión del narcotráfico en la región.
¿Cómo resolverá el presidente Paz esta encrucijada para sanear el Poder Judicial de Bolivia?
