APUNTE.COM.DO.- La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este declaró complejo el proceso judicial contra los cuatro hombres a quienes se les impuso 18 meses de prisión preventiva por su vinculación con el asalto en el que falleció Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro.
Tras conocerse la decisión, el abogado Cándido Simón explicó los elementos que, a su juicio, sustentan la complejidad del caso y la necesidad de que el Ministerio Público cuente con un plazo mayor para la investigación.
Uno de esos elementos, dijo, responde a la llamada "verdad judicial". "La razón es porque el juez lo dijo. Es lo que se llama verdad judicial. La verdad judicial es aquella transmutación que hace el juez de la verdad real", señaló.
Simón indicó que en este caso concurren características que eventualmente podrían llevar a considerar el proceso como complejo, entre ellas la magnitud del daño y el impacto social.
Sostuvo que existe una multiplicidad de víctimas que no se limita a las tres personas directamente afectadas, pues también figuran la madre de la fallecida, de 97 años, la propia víctima Socorro Castillo y Julián Oro Duro, además de las dos hijas y los tres nietos del artista.
Asimismo, mencionó una multiplicidad de hechos, al precisar que se produjo uno seguido de otro y algunos de manera simultánea, lo que genera una cantidad considerable de infracciones y penas.
A esto sumó la multiplicidad de actores y apuntó que, según lo planteado por el representante legal de la familia de la fallecida, todavía faltarían personas por identificar.
"Consecuentemente si falta alguien y ese alguien supongamos que esté fuera del país, entonces eso requiere que el Ministerio Público tenga un espacio mayor de tiempo, que es la razón de la complejidad, especialmente darle más tiempo al Ministerio Público con una persona privada de libertad y para investigar, porque en este caso al ser declarado complejo el Ministerio Público tiene hasta cinco años para obtener sentencia definitiva de condena", afirmó.
El jurista explicó que la posibilidad de que falten personas por identificar, incluida alguna que pudiera encontrarse fuera del país, es uno de los elementos que obliga a conceder más tiempo al Ministerio Público para desarrollar la investigación.
En ese sentido, sostuvo que la declaratoria de complejidad permite al Ministerio Público disponer de un período mayor para investigar y mantener privadas de libertad a las personas imputadas, con el fin de evitar que puedan entorpecer el proceso o poner en riesgo a las víctimas. Resaltó que este último aspecto es especialmente sensible porque entre las víctimas hay una señora de 97 años.
El abogado también se refirió a que durante la audiencia de medida de coerción dos de los imputados, identificados como Juan Carlos Hernández García y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", pidieron al juez que, en caso de ser enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, fueran colocados en dispositivos, habitaciones o áreas diferentes.
Cuestionó las razones de esa solicitud, tomando en cuenta que, según su planteamiento, ambos participaron junto a otros imputados en las actividades investigadas.
Para Simón, esa petición podría estar relacionada con el temor de los propios imputados respecto de su seguridad, y planteó que, si existe esa preocupación entre ellos, también debe tomarse en cuenta el posible riesgo para Julián y su familia.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 18 meses de prisión preventiva contra Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel"; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García. Los cuatro deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
El abogado hizo referencia además a otro caso que, según indicó, posiblemente sea investigado y que estaría relacionado con un robo de un millón de pesos a Julián Oro Duro hace un año. Explicó que el dinero había sido retirado para realizar pagos relacionados con una obra, entre ellos la nómina, camiones y ferreterías, y sostuvo que Julián y Phillips Michael Tejeda Vásquez, uno de los imputados, eran las únicas personas que sabían de ese dinero. Según indicó, el dinero fue robado y, aunque se investigó a distintas personas, no se levantaron sospechas sobre Tejeda Vásquez, a quien describió como una persona que acompañaba a Julián.
