APUNTE.COM.DO.- El Movimiento Popular Dominicano (MPD) advirtió al Gobierno y a las autoridades judiciales que la criminalidad no puede combatirse con más crímenes ni mediante el uso excesivo de la fuerza al margen de los procedimientos legales, pues esto convierte la violencia en una política de Estado.

La organización de izquierda hizo el planteamiento a propósito de la muerte de más de 50 civiles solo en el mes de septiembre, en los denominados «intercambios de disparos» entre presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional, que, en lo que va de 2026, suman más de 180 fallecidos en todo el territorio nacional.

“Cuando agentes encargados de garantizar la seguridad recurren a la violencia ilegítima, a los abusos de autoridad o a actuaciones al margen de los procedimientos legales, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte en una política de Estado, en contradicción con lo expresado recientemente por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful”, expresa el MPD en un documento firmado por su Comisión Política.

Según un comunicado, el Movimiento Popular Dominicano entiende que, aunque el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, esa prerrogativa está limitada por la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.

“La autoridad policial no puede convertirse en una licencia para matar, golpear, torturar, extorsionar, detener arbitrariamente o fabricar evidencias. Cuando esto ocurre, la institución que debe proteger a la ciudadanía termina reproduciendo algunas de las mismas prácticas que está llamada a combatir”, destaca la organización marxista-leninista.

El MPD considera, además, que la criminalidad tampoco puede explicarse exclusivamente por la conducta individual de quienes delinquen, ya que detrás de determinados fenómenos delictivos existen condiciones sociales que deben ser estudiadas, como la desigualdad económica, la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral, la exclusión social, las debilidades educativas, la desintegración familiar, el consumo de drogas, la expansión de las economías ilícitas, la falta de oportunidades para la juventud y las debilidades institucionales.

«A esto se suma la existencia de redes criminales que encuentran condiciones para desarrollarse cuando existe corrupción, impunidad o complicidad en determinadas estructuras del Estado», refiere.

El MPD aclara que reconocer estos factores no significa justificar el delito ni eliminar la responsabilidad individual. «Lo que planteamos es que se comprenda que una política eficaz de seguridad debe actuar tanto sobre las manifestaciones de la criminalidad como sobre las condiciones que favorecen su reproducción».

Para el MPD, la criminalidad no se limita al delincuente común que opera en las calles. La organización resalta que también existe la llamada delincuencia de cuello blanco, vinculada a delitos que se cometen desde posiciones empresariales, profesionales, financieras o institucionales.

Citó como ejemplos de estos casos el fraude, la corrupción, la apropiación indebida, la evasión fiscal, el lavado de activos y la utilización fraudulenta de recursos públicos, cuyas consecuencias han alcanzado grandes dimensiones económicas o han afectado a instituciones y a amplios sectores de la sociedad.

«Por ello, una política seria contra la criminalidad debe enfrentar tanto el delito común como las estructuras económicas y de poder que puedan facilitar delitos de mayor complejidad o dimensión. La lucha contra la delincuencia no puede tener una vara distinta según la posición económica o social de quien delinque», subraya el MPD.

Ante las situaciones descritas, el MPD considera que el problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando los abusos policiales no son investigados con independencia ni sus responsables reciben las sanciones proporcionales que merecen.

«Cuando se instala una cultura institucional de tolerancia frente a la violación de derechos, la impunidad debilita la confianza pública y transmite un mensaje peligroso: que existen funcionarios que pueden actuar por encima de la ley», señala la Comisión Política del MPD.

Agrega que esto resulta particularmente grave cuando agentes policiales participan en hechos delictivos, ya que, en esos casos, la institución encargada de perseguir el delito se convierte, al mismo tiempo, en objeto de investigación. Por ello, la respuesta debe ser institucional: investigación independiente, debido proceso, identificación de responsabilidades individuales y sanciones conforme a la ley.

Al abordar el tema de la seguridad, el MPD considera que una Policía verdaderamente profesional y cercana a la población no debe medirse únicamente por la cantidad de personas detenidas o por el número de operativos realizados. También debe evaluarse por su capacidad para prevenir el delito, investigar con rigor, respetar el debido proceso, proteger la vida y actuar dentro de la legalidad.

«La sociedad dominicana necesita seguridad, pero necesita seguridad con derechos. Necesita una Policía profesional, disciplinada y sometida al control civil y judicial; una institución capaz de enfrentar a las organizaciones criminales sin convertirse ella misma en fuente de violencia ilegal», ponderó el partido de izquierda.

La entidad precisa que la respuesta al delito no puede consistir en sustituir el Estado de derecho por la ley del más fuerte, porque, si para combatir la criminalidad el Estado permite que algunos de sus agentes actúen fuera de la ley, termina debilitando precisamente la autoridad que necesita para enfrentarla.

«Por eso, una política integral de seguridad ciudadana debe combinar prevención social, investigación criminal, fortalecimiento institucional y persecución efectiva del delito, junto con mecanismos independientes para investigar los abusos cometidos por agentes del Estado.

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