APUNTE.COM.DO.- El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros dos Reales Decretos-ley con medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, y solicitó un pleno extraordinario en el Congreso para validarlos el próximo viernes.
El primer decreto contempla la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de que los fondos buitre compren vivienda hasta 2028 y una prórroga de dos años para los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas, según informó El País. El segundo decreto, independiente del anterior, establece la renovación automática de los contratos de alquiler, de acuerdo con EFE.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tiene previsto comparecer en rueda de prensa a las 12:45 para explicar el contenido de ambas normas. La decisión se produce menos de una semana después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba los últimos 70 viviendo de alquiler en un piso del barrio madrileño del Retiro. El caso ha generado movilizaciones en distintos puntos del país y una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ya advirtió que la protesta no se detendrá.
El segundo decreto ley, al que Rodríguez se refirió como un paquete de "medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual", incluye la "renovación automática de contratos de alquiler, inspirado en otras normativas europeas", con la intención de que, "como Casa 47" —cuyos contratos tienen hasta 75 años de vigencia—, los contratos de alquiler puedan dar "tranquilidad" a la vida de las personas.
La ministra de Vivienda comenzó su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros destacando lo complicado del proceso negociador y el contexto social que impulsó la aprobación del decreto. Existe un "gran consenso social", dijo, respecto a las preocupaciones y necesidades de la población en materia de vivienda.
Rodríguez estructuró en cuatro bloques los diez puntos más ambiciosos de la norma. El primero, explicó, pasa por detener los desahucios. "La sociedad española no puede permitírselo", declaró, y añadió: "Es un clamor que tenemos que asumir todos los grupos políticos y que pongamos pie en pared a la especulación". En ese sentido, anunció que el escudo social será ampliado hasta el 31 de diciembre de 2030, con una extensión de los mecanismos de protección de las administraciones.
En segundo lugar, la ministra señaló la necesidad de "parar compras especulativas", para lo cual el Gobierno prevé señalar e identificar a las empresas que incurran en esa práctica, es decir, poner "nombres y apellidos a los especuladores", y prohibirles que sigan "mercadeando" con la compra de vivienda.
Rodríguez se refirió también al "fraude que se está produciendo en temporada y habitaciones". "Una parte ya la hemos constatado, en la existencia de pisos turísticos ilegales que deben estar siendo clausurados por las comunidades autónomas y hemos de evitar que esta sea una vía para impedir que las viviendas no sean para vivir en un negocio", explicó. Para hacer frente a esa situación anunció un nuevo gravamen: "Imponemos un nuevo impuesto a los pisos turísticos que es un IVA al 10%".
El PP votará no al "vodevil de decretos" del Gobierno, según su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien considera que Pedro Sánchez no tiene mayoría para sacar adelante estas medidas. Los populares se oponen a los decretos-ley aprobados este martes en materia de vivienda en respuesta al movimiento surgido tras el desahucio de Maricarmen.
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, este martes. (EFE/Fernando Villar)
