APUNTE.COM.DO.- El populismo penal, el abuso de la prisión preventiva, el incremento de las penas y las políticas de "mano dura" no son respuestas efectivas para disminuir la criminalidad y pueden llegar a debilitar las garantías fundamentales, alertaron este martes juristas nacionales e internacionales que participan en el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional.
Los expertos señalaron que el combate al crimen debe apoyarse más en la prevención, la capacidad de investigación y la inteligencia de las instituciones que en el endurecimiento de las sanciones o en el encarcelamiento como salida principal.
El jurista dominicano Francisco Álvarez afirmó que las carencias institucionales han llevado a distintas instancias del sistema a adoptar respuestas extremas para compensar problemas que no han logrado resolver.
"La Policía los mata en la calle y el tribunal los manda a prisión preventiva. Como los sistemas no están coordinados y cada uno por sí solo no funciona, cada institución cree que tiene que asumir la postura que le parece para resolver el problema", declaró.
Álvarez relacionó además el uso desmedido de la prisión preventiva con las dificultades del sistema para ubicar a quienes evaden los procesos, y sostuvo que mantener al imputado recluido termina siendo una manera de asegurar la continuidad del expediente.
No obstante, advirtió que el aumento de las penas tampoco es por sí solo una solución a la criminalidad. "Ninguna norma puede garantizar que se va a controlar la delincuencia. No deberíamos enfocar nuestras esperanzas en un código que condena a 60 años, sino en qué están haciendo las instituciones para prevenir el delito y hacer investigaciones sólidas", manifestó.
La alternativa a la "mano dura"
El jurista argentino Alberto Binder planteó que enfrentar las nuevas formas de criminalidad exige fortalecer la inteligencia y la planificación de la persecución penal.
"Enfrentar la criminalidad moderna requiere inteligencia, porque del otro lado hay gente inteligente que piensa. Hay que parar la pelota y mirar el campo para planificar una persecución penal estratégica", sostuvo.
Binder cuestionó las propuestas que ofrecen soluciones inmediatas al crimen mediante un mayor ejercicio del poder punitivo. "Quien sostenga que la seguridad se resuelve de un plumazo diciendo 'el que la hace la paga', se está engañando y está engañando a la sociedad", afirmó.
En la misma línea, el catedrático español Manuel Cancio Meliá sostuvo que se le atribuyen al derecho penal capacidades que en realidad no tiene para resolver fenómenos complejos de criminalidad.
"Le atribuimos al derecho penal un poder mágico del que carece. Subir la pena por crimen organizado a 2,000 años no resuelve el problema", expresó.
Ambos especialistas recurrieron al caso de El Salvador para cuestionar los modelos de "mano dura". Binder consideró que el modelo impulsado por Nayib Bukele es propaganda y alertó sobre los riesgos de usar situaciones de emergencia para debilitar el Estado de derecho. Cancio Meliá, por su parte, criticó las restricciones generalizadas de garantías procesales como mecanismo para enfrentar la criminalidad.
Exceso de prisión preventiva
La jurista Emery Colomby Rodríguez sostuvo que se ha exagerado en la imposición de la prisión preventiva, pero rechazó que eso ocurra porque las demás medidas de coerción sean necesariamente ineficaces.
A su juicio, las autoridades no han desarrollado mecanismos suficientes para comprobar que las medidas alternativas a la cárcel se cumplan. "No podemos abandonar las garantías, porque si abandonamos las garantías, entonces el Estado se va a convertir completamente en un caos", advirtió.
El exjuez constitucional peruano Gerardo Eto Cruz también cuestionó el encarcelamiento preventivo sin una justificación individualizada y afirmó que "cuando un juez dispone prisión preventiva sin necesidad ni proporcionalidad, está violando abiertamente el bloque de convencionalidad y de constitucionalidad".
Populismo penal
El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats centró su intervención en el populismo penal y describió a República Dominicana como un "gran laboratorio de anatomía patológica" de ese fenómeno.
Jorge Prats atribuyó esa situación a lo que llamó una "alianza diabólica" entre prensa, redes sociales, justicia, Policía y fiscales que, según su valoración, favorece condenas anticipadas y juicios paralelos.
También cuestionó la presión que, a su entender, existe en torno a las decisiones sobre prisión preventiva. "A nadie lo botan de la carrera judicial por mandar a la cárcel a un inocente, sino por exonerar de responsabilidad o no privar de la libertad a un ciudadano", afirmó.
Eto Cruz abordó igualmente lo que denominó "populismo penal mediático" y advirtió que la televisión y las redes sociales pueden generar una justicia paralela que estigmatiza y condena antes de que concluya el proceso judicial.
Las intervenciones corresponden a la segunda jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional y dedicado este año al debido proceso en materia penal.
