APUNTE.COM.DO.- El Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra 25 de los arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, que fue puesta en marcha el viernes dentro de las líneas de investigación contra una red de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos valiéndose del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 25 imputados por violar la ley al aprovecharse del Senasa con la complicidad de empleados de la administradora de riesgos de salud (ARS) estatal. El órgano investigador también pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La línea de investigación ha cuantificado la sustracción de un monto superior a los 40 millones de pesos.
Mirna Ortiz depositó la solicitud acompañada del procurador de corte Héctor García y de los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
En el documento, de unas 525 páginas, se imputa a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El Ministerio Público igualmente solicita prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales piden que se declare la complejidad del caso conforme a la norma procesal vigente, debido a la pluralidad de hechos, de víctimas y de posibles implicados, al tratarse de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
"El Ministerio Público había advertido anteriormente que en el proceso Cobra había distintas líneas de investigación, distintas formas en las que se desfalcó dinero del Seguro Nacional de Salud", declaró Mirna Ortiz a los periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva después de depositar la medida varias horas antes del plazo establecido por ley.
"Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación", agregó.
"Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo", sostuvo Mirna Ortiz.
"Esperaremos ahora que el tribunal fije la audiencia y estaremos listos para conocer la medida de coerción. Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando", indicó.
En la Operación Cobra 2.0-A los equipos de fiscales encabezados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. En la investigación también intervino la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
