APUNTE.COM.DO.- El Tribunal Supremo Federal de Brasil levantó el secreto de sumario en una investigación judicial sobre el uso irregular de fondos públicos para la producción de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. El caso involucra a colaboradores cercanos del exmandatario y sacude el escenario político a semanas de las elecciones presidenciales.
La resolución, firmada por el magistrado Flávio Dino, señala sospechas sobre una red delictiva dedicada al desvío de recursos parlamentarios y municipales para financiar el proyecto cinematográfico titulado Dark Horse, protagonizado por el actor estadounidense Jim Caviezel.
Las indagatorias se concentran en el empleo de partidas presupuestarias del Congreso Nacional y de la alcaldía de San Pablo. Agentes de la Policía Federal realizaron múltiples operativos de registro en la sede de la productora y en propiedades del diputado Mário Frias, quien ocupó la secretaría de Cultura durante la administración de Jair Bolsonaro.
Según las actuaciones del expediente, el legislador transfirió aproximadamente dos millones de reales a una organización no gubernamental ligada al filme. Las autoridades señalan que el dinero habría sido redirigido hacia empresas subcontratadas sin que exista constancia sobre la realización efectiva de los servicios contratados.
En su dictamen judicial, Flávio Dino argumentó la existencia de indicios sobre la participación de Mário Frias en el entramado de desviación presupuestaria. A raíz de estos hallazgos, el máximo tribunal dictó la prohibición de salida del país tanto para el parlamentario como para Karina Gama, ejecutiva de la productora cinematográfica. La fiscalía analiza además probables vínculos entre este esquema y la banda criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
En respuesta a los señalamientos, el congresista afirmó: "Nunca asigné fondos del presupuesto parlamentario para financiar o beneficiar la producción de la película de ninguna manera", al tiempo que calificó los procedimientos policiales de "cortina de humo".
El expediente salpica el desarrollo de la contienda electoral, en la cual el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente, compite por la jefatura de Estado frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato conservador, quien asumió la representación de su espacio luego de la condena a 27 años de cárcel contra su padre por intento de golpe de Estado, enfrenta investigaciones por corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. Los investigadores rastrean reuniones y traspasos de capital por 12,3 millones de dólares entre el entorno de Bolsonaro y Daniel Vorcaro, expresidente del quebrado Banco Master.
"No tengo nada que ocultar. La película es completamente legal", dijo Flávio Bolsonaro.
La investigación sobre la cinta surge en medio de un severo enfrentamiento interno en el Tribunal Supremo Federal, detonado por la quiebra del Banco Master tras detectarse un fraude de miles de millones de reales. Los nexos de Daniel Vorcaro con personalidades políticas y miembros de la judicatura desataron fricciones entre los jueces de la corte.
El magistrado André Mendonça ordenó apartar al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al jefe de inteligencia Leandro Almada, decisión que fue posteriormente anulada por Flávio Dino. Ante el choque de atribuciones, el presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, suspendió ambas determinaciones para intentar contener la crisis institucional.
Frente a la escalada de desconfianza en las instituciones de Brasil, un grupo formado por exministros, economistas y dirigentes sindicales remitió un documento formal al titular del tribunal. En el texto alertaron que "estamos viviendo la crisis más grave en la historia del Tribunal Supremo y ciertamente una de las más graves de nuestra turbulenta historia republicana".
Asimismo, sostuvieron que "investigar los hechos y responsabilizar a quienes hayan podido violar la ley y la dignidad de sus cargos son fundamentales para que podamos recuperar la confianza en las instituciones y preservar nuestra democracia".
Las elecciones generales mantienen su primera cita prevista para el cuatro de octubre, sin que las investigaciones impidan legalmente la postulación de los contendientes.
